La ley de desconexión digital docente impulsada por el propio Ejecutivo aún no puede ser reglamentada

A ocho meses de su sanción unánime en el recinto, la ley que garantiza el derecho a la desconexión digital para los docentes tucumanos continúa sin ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, situación que motivó un pedido de intervención urgente por parte de la legisladora radical Silvia Elías de Pérez (foto inferior). A través de un proyecto de resolución, la parlamentaria busca que se dé cumplimiento al trámite administrativo necesario para que este derecho deje de ser una mera intención y se transforme en una protección real. Según los fundamentos del proyecto, la demora oficial impide el ejercicio pleno de un derecho ya reconocido bajo el amparo de la Constitución de Tucumán, agravando cuadros de estrés y agotamiento en el personal docente.

La Ley 9897, sancionada originalmente el 26 de junio de 2025, consagra el derecho a la desconexión para los docentes de primer grado de escalafón, tanto de gestión estatal como privada. La normativa establece que los maestros no están obligados a responder mensajes, correos electrónicos o llamadas laborales fuera de su horario de trabajo, definido específicamente desde una hora después de finalizada la jornada hasta una hora antes del inicio de la siguiente. El espíritu de la norma, surgido de inquietudes gremiales, busca garantizar el descanso, la intimidad y el equilibrio entre la vida laboral y personal, contemplando excepciones solo para casos de emergencia reconocidos por la autoridad educativa.

Durante el debate parlamentario de aquel entonces, el titular de la bancada del PJ, Roque Tobías Álvarez, había destacado el alivio que significaba esta iniciativa para una profesión que no termina al salir del aula. Al respecto, el legislador oficialista señalaba: “Después de la jornada laboral, el docente no va al descanso total y pleno. Se lleva carpetas, corrige, planifica qué enseñará al día siguiente. Siempre sigue trabajando fuera del aula. Este proyecto es un gran alivio al sacarle la carga de la red”.

Sin embargo, el tiempo transcurrido sin la reglamentación generó un vacío legal que Elías de Pérez calificó como una vulneración a la salud de los trabajadores. En sus fundamentos, la legisladora es tajante al recordar que “la reglamentación de las leyes constituye una obligación constitucional que además está explícita en el artículo 6 de la Ley 9897 sancionada el 26 de junio de 2025”. Asimismo, subrayó la contradicción de que la propia administración jaldista que impulsó la norma sea la que hoy demora su vigencia: “Cabe señalar que se trata de una ley que fue impulsada por el propio Poder Ejecutivo y que todavía no fue reglamentada. La demora en este paso administrativo impide el ejercicio pleno de un derecho ya reconocido”.

Finalmente, la parlamentaria enfatizó las consecuencias psicológicas de esta inacción administrativa para los educadores, quienes deben asumir roles que van mucho más allá de la enseñanza. El documento advierte que “el espíritu de la ley busca proteger la salud integral y el descanso de los docentes frente al agotamiento digital. En ese sentido, la falta de reglamentación mantiene a los docentes en un estado de 'disponibilidad permanente' que provoca estrés, ansiedad, fatiga mental y problemas de concentración”. Para Elías de Pérez, la reglamentación es el paso indispensable para asegurar el “bienestar psíquico e integral del personal docente” ante las crecientes demandas del contexto actual.