A un año del escándalo por fentanilo adulterado la justicia argentina procesa a 14 responsables por 114 muertes

La mayor crisis sanitaria en la historia reciente de Argentina cumple su primer aniversario bajo la órbita del Juzgado Federal N°3 de La Plata. La investigación penal, que se inició tras una denuncia de la ANMAT el 12 de mayo de 2025, ha logrado determinar que al menos 114 personas fallecieron por la administración de opioides contaminados producidos por las firmas HLB Pharma y Ramallo S.A. Según informó la agencia Noticias Argentinas (NA), el empresario Ariel García Furfaro y otros trece implicados enfrentan procesamientos por criminalidad compleja tras el hallazgo de cepas bacterianas en los lotes distribuidos a nivel nacional.

Los peritajes realizados por el Instituto Malbrán fueron determinantes al confirmar que las muestras de los pacientes coincidían genómicamente con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii detectadas en los lotes 31.202 y 31.244. La causa reveló que los laboratorios operaban con una falta total de control, ignorando los plazos de 14 días requeridos para los cultivos microbiológicos y priorizando las ventas por sobre la seguridad de los inyectables. Incluso se detectó la existencia de cuadernos donde se asentaban los resultados positivos de contaminación, los cuales eran ocultados sistemáticamente ante la inminencia de inspecciones oficiales.

El entramado judicial también expuso fallas críticas en los organismos de control del Estado, ya que las empresas involucradas acumulaban advertencias previas por falta de trazabilidad en medicamentos como morfina y propofol sin haber sido inhabilitadas a tiempo. Entre las víctimas más emblemáticas se encuentra Renato, un joven de 18 años que murió en el Hospital Italiano de La Plata tras recibir el opioide adulterado luego de sufrir un accidente de tránsito. Su caso, junto al de otros ciudadanos en Córdoba, Santa Fe y Rosario, evidencia una cadena de errores evitables que las familias hoy denuncian como un crimen corporativo organizado.

Actualmente, el juez Ernesto Kreplak avanza en el análisis de dispositivos electrónicos de funcionarios públicos para determinar el grado de complicidad o negligencia dentro de la ANMAT. Mientras tanto, el sistema sanitario busca digitalizar historias clínicas de provincias como Formosa para terminar de reconstruir la trazabilidad de las más de 300 mil ampollas que circularon por el país. La lucha de las familias damnificadas continúa con el único objetivo de obtener una sentencia firme contra el conglomerado empresarial y los responsables políticos de una tragedia que pudo haberse evitado.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)