A dos años de su sanción, exigen la total reglamentación de la ley contra la ludopatía juvenil en Tucumán

El escenario de las apuestas digitales en la provincia dejó de ser un fenómeno silencioso para convertirse en una problemática de impacto sanitario y social urgente. Ante esta realidad, la legisladora Silvia Elías de Pérez (foto inferior) solicitó formalmente al Poder Ejecutivo la reglamentación total de la Ley N° 9.828, una norma sancionada el 21 de noviembre de 2024 que creó el Programa Provincial de Prevención y Abordaje del Juego Problemático y de la Ludopatía. A pesar de que transcurrieron casi dos años desde su aprobación, la falta de una reglamentación efectiva impide la ejecución de las herramientas de control previstas. Según los fundamentos del proyecto, esta demora “priva a la ciudadanía de instrumentos legislativos ya sancionados para prevenir, detectar y asistir situaciones que pueden comprometer gravemente la salud mental, la economía familiar y las trayectorias educativas”.

La necesidad de activar este programa se sustenta en datos que reflejan la magnitud del fenómeno en el país. Según un relevamiento de UNICEF, 8 de cada 10 adolescentes han accedieron o conocen a alguien que realizó apuestas online, y de ese grupo, 4 de cada 10 ingresan a estos sitios o aplicaciones de manera muy frecuente o diaria. Esta exposición se traduce en consecuencias directas: el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina señala que 7 de cada 10 menores reportan cuadros de ansiedad y malestar vinculados a su actividad en las plataformas, mientras que 1 de cada 8 jóvenes que apuesta termina contrayendo deudas económicas.

En sus fundamentos, Elías de Pérez destaca que la ley busca dar una “respuesta integral y coordinada del Estado provincial frente a una problemática de creciente impacto social, familiar, educativo y sanitario”. Para ello, la norma prevé la conformación de una Mesa de Trabajo Interministerial que integre áreas de Salud Pública, Educación, Desarrollo Social, Seguridad y la Caja Popular de Ahorros. Sin embargo, la legisladora advierte que “la plena operatividad de estas previsiones requiere de la correspondiente reglamentación... resulta indispensable para asignar responsabilidades, definir mecanismos de actuación y poner en funcionamiento las herramientas de prevención y abordaje previstas”.

La falta de regulación en Tucumán ocurre en un contexto de saturación de estímulos para los jóvenes. Datos del Consejo Publicitario Argentino (CPA) revelan que el 75% de los jóvenes asegura haber visto publicidad o contenidos relacionados con apuestas online, y un 79% recibe esta publicidad específicamente a través de influencers o streamers. Esta naturalización del juego se ve facilitada por la tecnología financiera, ya que el 83% de los menores de 18 años que apuestan utilizan billeteras virtuales para sus transacciones.

Esta facilidad de acceso impactó profundamente en el ámbito escolar y personal puesto que el 47% de los adolescentes manifiesta alteraciones en sus ciclos de sueño y caídas en su rendimiento académico. Ante este panorama, la percepción de vulnerabilidad es alta: 8 de cada 10 adolescentes consideran que las medidas actuales para impedir el acceso de menores simplemente no funcionan.

Hacia un abordaje integral del juego problemático

El proyecto de resolución busca que el Estado asuma sus funciones centrales, que incluyen desarrollar campañas de concientización, capacitar a la comunidad educativa y promover la detección temprana. La referente radical subraya que “la ludopatía y el juego problemático requieren políticas públicas concretas, sostenidas y articuladas, particularmente ante la creciente exposición de adolescentes y jóvenes a modalidades de apuestas, muchas de ellas vinculadas a entornos digitales”.

Elías de Pérez insiste en que, sin la firma del Ejecutivo, la ley es una herramienta inerte: “La propia ley dispone que la Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo y establece un plazo para su implementación”, plazo que, a día de hoy, se encuentra vencido, dejando a los menores tucumanos sin el amparo de la protección estatal comprometida.