Polémica por los biocombustibles: grandes exportadoras vs. pymes del interior

El proyecto de una nueva ley de biocombustibles presentado por el oficialismo en el Senado generó fuertes reacciones opuestas en la industria. Mientras las grandes empresas exportadoras lo consideran un avance hacia mayor eficiencia y competencia, las pymes que abastecen el mercado interno advierten que la iniciativa amenaza su supervivencia.

El bloque de La Libertad Avanza presentó el 14 de mayo pasado un proyecto con vigencia de 15 años que busca redefinir por completo el régimen de producción, comercialización y uso de biocombustibles. La iniciativa, firmada por la senadora Patricia Bullrich y varios de sus pares oficialistas, declara la actividad de interés público y apunta a promover eficiencia, inversiones, desarrollo tecnológico, exportaciones y libre negociación. Incluye además nuevas tecnologías como biogás, biometano, diésel renovable y combustible sostenible de aviación (SAF).

Entre sus puntos principales, la propuesta eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% actual al 10% después de un año, y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. Reemplaza el sistema de precios regulados y cupos por un mercado electrónico transparente donde productores y mezcladores puedan negociar libremente precios y volúmenes. Establece beneficios impositivos al eximir de ciertos impuestos a los biocombustibles y contempla un período de transición hasta 2030 con cupos para empresas no integradas. El proyecto deroga la actual Ley 27.640.

La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), que agrupa a las empresas exportadoras, ponderó “la decisión del gobierno de presentar un proyecto de biocombustibles claramente superador al actual”.

“Contrariamente a lo que sucede en todos los países del mundo la ley actual define cupos por empresa y un precio regulado que se construye en base a los costos de la planta menos eficiente del sistema. Eso genera un precio al consumidor altísimo que implica un enorme costo para los consumidores y golpea la competitividad de la economía del país”, marcó la entidad.

Carbio señaló además la paradoja actual: “hoy se da la absurda paradoja de que mientras se encuentran paradas todas las plantas más eficientes de biodiesel del país, que han sido discriminadas por Ley para vender en el mercado doméstico, los argentinos estamos obligados a comprar ese producto hasta un 20% más caro que la paridad de exportación a un grupo de empresas beneficiadas desde hace 20 años con este esquema”. La cámara aseguró que el nuevo esquema “nos llevará a un esquema de competencia que premia la inversión y la eficiencia con reglas parejas para todos los actores”.

En sentido opuesto, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) rechazó de plano la iniciativa. Advirtió que “condena a la quiebra” a las pymes y que su aprobación implicaría “la desaparición de 25 empresas pymes radicadas en el interior del país, la pérdida de 2.000 puestos de trabajo directos y otros 8.000 indirectos” en varias provincias.

“El texto está redactado a medida de las grandes aceiteras y las petroleras. Al eliminar los cupos y precios regulados del mercado interno, las pymes quedan obligadas a competir contra empresas integradas que son, a la vez, productoras de la materia prima y tienen una escala de producción hasta diez veces superior. Esa competencia es imposible y el resultado es previsible: la concentración de todo el negocio en manos de los mismos grandes grupos económicos”, afirmaron desde Cepreb.

Además, sostuvieron que el proyecto “viola la seguridad jurídica”, ya que “la Ley 27.640 de Biocombustibles está vigente y tiene plazo de vencimiento en 2030. Las pymes invirtieron y generaron empleos bajo ese marco legal. Terminarlo seis años antes no es desregulación: es romper contratos con el sector productivo del interior, en beneficio de quienes planificaron sus negocios con destino a la exportación”.