Las retenciones a la soja caminan hacia el nivel cero en 2030

Luego del anuncio efectuado por el presidente Javier Milei, se proyectó que los derechos de exportación a la soja dejarán de existir en diciembre de 2030, marcando un punto de giro en un tributo que signó la economía argentina por más de dos décadas. Esta iniciativa, que busca incentivar las decisiones de siembra, plantea una incidencia directa en las arcas del Estado a través de una pérdida inmediata de recursos, pero apuesta a que la mayor renta en manos de los productores y una eventual respuesta al alza en la producción generen efectos compensatorios en otros impuestos nacionales y provinciales. La medida se presenta como un camino de salida para un gravamen que nació con carácter "transitorio" tras la crisis de 2001 y que hoy, pese a encontrarse en uno de sus niveles históricamente más bajos respecto al Producto Bruto Interno (PBI), continúa siendo una pieza clave del financiamiento público.

Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, basado en las palabras del mandatario, se vislumbra un esquema de reducción que comenzaría en enero de 2027. El informe destaca dos escenarios posibles dependiendo de la velocidad de la baja: “Si el esquema se implementa con una reducción de 0,25 puntos porcentuales por mes, en diciembre de 2031 las retenciones a la soja estarán en un nivel de 9% sobre el valor FOB. Si se lo hace con una de 0,5 puntos porcentuales por mes, las retenciones llegarían a cero en diciembre de 2030”. Un dato fundamental es que la medida está diseñada para no afectar el equilibrio fiscal durante el presente año, buscando “incidir en las decisiones de siembra para 2027, sin afectar fiscalmente durante el año 2026”.

La reducción de este impuesto no implica simplemente un recorte de ingresos, sino que pone en marcha una serie de efectos cruzados en el sistema tributario. El IARAF identifica un “Efecto directo” que consiste en la “pérdida inmediata de la recaudación nacional generada por los derechos de exportación”. Sin embargo, el informe detalla tres efectos indirectos que podrían mitigar este impacto:

1. Mayor base imponible del impuesto a las ganancias: Al reducirse la retención, aumenta la utilidad de la empresa. “Los menores derechos de exportación aumentan la base imponible del impuesto a las ganancias y, por ende, su recaudación”.

2. Mayor renta de los productores: El dinero que antes retenía el Estado queda en el sector privado. “La renta que antes era capturada por el Estado pasa a los productores. Según el modelo que se utilice, parte de esa renta disponible se destina a consumo y a inversión, lo que debería generar nuevos ingresos fiscales por impuestos como ganancias, IVA y presión tributaria general”.

3. Aumento de la producción: Existe la posibilidad de que, ante mejores precios percibidos, el productor decida sembrar más. “Si los productores reaccionan positivamente al mayor precio percibido (escenario de oferta elástica) y aumentan su producción, puede elevarse la base imponible y generarse una recaudación adicional de los propios derechos de exportación, en caso de que no se hayan eliminado”. En un escenario optimista, este incremento “puede compensar completamente la reducción, es decir, el incremento de la producción puede incrementar la base imponible del tributo y compensar el descenso de alícuota”.

Incidencia histórica y peso actual en el PBI

Para dimensionar la importancia de este anuncio, el IARAF repasa la trayectoria de las retenciones desde su implementación masiva en 2002. El tributo alcanzó su mayor presión tributaria efectiva en el año 2008, cuando registró un pico del 3,24% del PBI. Previamente, en 2004, ya se había situado en un elevado 2,45% debido a la evolución de los precios internacionales y el tipo de cambio.

Tras ese máximo histórico, la recaudación inició un sendero decreciente con diversos ciclos: descendió a un mínimo de 0,55% del PBI en abril de 2018 (producto de sequías y bajas de alícuotas), para luego recuperarse hasta el 2,1% del PBI en diciembre de 2021. El cierre de 2023 mostró una fuerte caída hasta el 0,8% del PBI, afectada nuevamente por la reversión de precios y la sequía.

Actualmente, el peso del impuesto se encuentra en niveles mínimos. El informe concluye señalando que “a abril de 2026, la presión tributaria del tributo, considerando el acumulado de los últimos 12 meses, es del 0,72% del PBI, una de las más bajas de la serie”. En este contexto de baja incidencia relativa, el Gobierno nacional buscaría dar el paso final hacia la eliminación, beneficiando indirectamente a provincias y municipios, ya que recibirían mayores ingresos por coparticipación de los otros impuestos que crecerían ante la desaparición de este tributo nacional no coparticipable.