La Sociedad Rural se mete en la disputa judicial por la reforma laboral y respalda su vigencia

La Sociedad Rural Argentina (SRA) formalizó su presentación ante la Justicia para respaldar la validez de la Ley de Modernización Laboral (27.802) y pedir que no se suspenda su aplicación, en el marco de la causa impulsada por la CGT contra el Estado Nacional. La entidad busca intervenir como tercero en el expediente y acompañar la defensa oficial sobre la constitucionalidad de la norma.

El planteo de la organización agropecuaria se da en el expediente “Confederación General del Trabajo c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”, donde la central obrera cuestiona distintos aspectos de la ley. Desde la SRA sostuvieron que su participación responde al impacto directo que una eventual suspensión podría generar sobre la actividad económica, en particular en el sector productivo.

En ese sentido, advirtieron que un fallo adverso podría alterar variables clave como el empleo, los costos y la dinámica de las relaciones laborales. Según remarcaron, frenar la aplicación de la ley implicaría afectar “la previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país”.

Además, la entidad rural respaldó la postura del Gobierno nacional respecto de la competencia judicial en la causa. Consideró que el expediente debe tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, ya que se trata de un caso “donde se discute la validez de una ley del Congreso”, y no en la Justicia Nacional del Trabajo.

Otro de los puntos cuestionados por la SRA fue la medida cautelar que suspendió parcialmente la norma. Desde la institución señalaron que este tipo de resoluciones implican “una alteración del principio de división de poderes”, al dejar sin efecto una ley sancionada por el Poder Legislativo.

En relación con el contenido de la reforma, la Sociedad Rural defendió que la Ley 27.802 apunta a mejorar el funcionamiento del mercado laboral. “Busca promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores”, expresaron.

Bajo esa línea, remarcaron que “la modernización laboral no implica menos derechos, sino mejores herramientas para generar empleo, sostener la producción y fortalecer la seguridad jurídica”. Finalmente, la entidad reafirmó su posicionamiento en defensa del trabajo registrado, la actividad productiva y el respeto institucional.