Buscan actualizar la normativa de protección animal sin afectar la producción agropecuaria

En el Congreso de la Nación comenzó a discutirse un proyecto que propone reemplazar la histórica Ley 14.346 de protección animal, conocida como “Ley Sarmiento”, vigente desde 1954. La iniciativa, presentada por el diputado bonaerense Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, plantea crear un régimen integral de bienestar animal que actualice la normativa y la armonice con el Código Penal argentino, incorporando sanciones más severas para los casos de maltrato y crueldad.

Según se detalla en la propuesta, la legislación actual fue pionera en América Latina al momento de su sanción, pero con el paso de las décadas quedó desactualizada frente a los avances científicos y jurídicos en materia de bienestar animal. Bajo esa premisa, el proyecto impulsa la derogación total de la norma vigente para establecer un nuevo marco legal que contemple la protección de los animales en el contexto actual.

Reconocimiento de los animales como seres sintientes

Uno de los puntos centrales del proyecto es modificar la concepción jurídica sobre los animales. La propuesta busca dejar atrás la idea de que son meras “cosas” o bienes para reconocerlos legalmente como “seres sintientes”, es decir, organismos capaces de experimentar dolor, estrés y estados emocionales. Desde esa perspectiva, el objetivo declarado es garantizar el respeto por su vida y su integridad física y psíquica, así como prevenir cualquier forma de maltrato o crueldad.

En caso de aprobarse, la norma tendría alcance en todo el territorio nacional, aunque sin interferir con las competencias de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, que podrían mantener o dictar legislaciones propias con mayores niveles de protección.

El proyecto también establece definiciones claras sobre qué conductas se consideran maltrato o crueldad animal. Se entiende como maltrato toda acción u omisión injustificada que genere dolor, lesiones o deterioro en la salud de un animal. En tanto, la crueldad se refiere a conductas deliberadas que impliquen ensañamiento, tortura, mutilaciones sin fines terapéuticos o muerte innecesaria.

Las sanciones previstas contemplan penas de prisión de entre 15 días y dos años cuando el maltrato se produzca por negligencia, imprudencia o incumplimiento de obligaciones. En casos de crueldad intencional, la pena podría elevarse hasta tres años de cárcel, además de multas económicas que alcanzarían hasta 50 salarios mínimos vitales y móviles.

Qué prácticas se consideran maltrato y cuáles quedan excluidas

Entre las conductas tipificadas como maltrato, el proyecto menciona situaciones como no alimentar adecuadamente a animales domésticos o cautivos, obligarlos a realizar trabajos excesivos sin descanso o utilizarlos cuando no se encuentran en condiciones físicas adecuadas. También se incluyen prácticas que impliquen castigos dolorosos o el uso de animales para tareas que excedan claramente su capacidad física.

En cuanto a los actos de crueldad, el texto señala como ejemplos la mutilación injustificada, la tortura, el atropellamiento intencional o la muerte provocada por perversidad. También prohíbe espectáculos o actividades que impliquen enfrentamientos entre animales o situaciones en las que sean heridos o sacrificados, como riñas o corridas.

Sin embargo, el proyecto incorpora un capítulo específico destinado a evitar conflictos con el sector agropecuario. Allí se aclara que las prácticas productivas reguladas por el Senasa —como la marcación, la señalada, el caravaneo o la castración— no serán consideradas actos de crueldad siempre que se realicen bajo normas sanitarias y estándares de bienestar animal.

En ese sentido, la iniciativa establece que procedimientos habituales en la producción ganadera podrán llevarse a cabo sin necesidad de la intervención directa de un veterinario, siempre que sean realizados por personal idóneo del establecimiento y se adopten medidas adecuadas de higiene y antisepsia.

La discusión sobre una nueva normativa de protección animal no es nueva en el Congreso. En 2024, el diputado Damián Arabia había impulsado la denominada “Ley Conan”, también orientada a reforzar las penas por maltrato animal, aunque esa propuesta aún no logró avanzar hasta su sanción definitiva.

Fuente: lanacion.com