
Tucumán logró sostener el superávit financiero durante 2025 y se ubicó entre el reducido grupo de provincias que cerraron el año con resultado positivo, en contraste con el fuerte deterioro fiscal que afectó al conjunto de las jurisdicciones argentinas.
Según un relevamiento de la consultora Politikón Chaco, al cierre del año pasado solo siete provincias consiguieron mantener sus cuentas en equilibrio o con excedente: Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. El resto terminó con déficit.
El dato coloca a la gestión de Osvaldo Jaldo en una posición relativamente sólida dentro del mapa nacional, aunque con una advertencia importante: incluso las provincias que conservaron superávit registraron un retroceso respecto de 2024. Es decir, también debieron resignar margen fiscal ante el aumento del gasto y una recaudación que avanzó por debajo de la inflación.
La lectura general muestra un cambio de tendencia. En 2024, las provincias habían reaccionado al fuerte ajuste aplicado por la Nación con recortes propios, especialmente luego de la poda de transferencias nacionales. Ese esfuerzo permitió cerrar aquel año con superávit agregado.
Pero en 2025 la situación se revirtió. El gasto público provincial creció a mayor velocidad que los ingresos, impulsado por recomposiciones salariales tras el atraso del año anterior y por una recuperación parcial de la obra pública. Como resultado, el conjunto de las provincias pasó de un superávit equivalente al 1,1% de sus ingresos totales a un déficit del 2,9%.
Para Tucumán, haber quedado del lado de las provincias superavitarias representa una señal política y financiera relevante. Sobre todo porque el Gobierno nacional profundizó en los últimos meses su estrategia de disciplina fiscal y redujo transferencias discrecionales.
Sin embargo, la provincia no quedó al margen de las dificultades. De hecho, fue incluida por el Ministerio de Economía en una línea especial de adelantos financieros destinada a cubrir necesidades urgentes de caja. Ese esquema alcanzó a doce provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Los fondos otorgados devengan una tasa nominal anual del 15% y se garantizan mediante retenciones automáticas de recursos coparticipables. En términos prácticos, se trata de financiamiento de corto plazo para aliviar tensiones transitorias de liquidez.
El principal foco de preocupación para este año está en la caída de la recaudación nacional, especialmente en IVA y Ganancias, los dos tributos centrales que integran la masa coparticipable.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas de la Nación a las provincias retrocedieron 6,4% en términos reales durante el primer trimestre de 2026. Eso implica menos recursos disponibles para las administraciones provinciales justo cuando muchas de ellas ya llegan con balances más ajustados tras el deterioro de 2025.