Por contratación directa, la Junta Electoral comprará un inmueble por más de 1 millón de dólares

La compra de un inmueble por US$ 1.060.000 para la Junta Electoral Provincial superó el control preventivo del Tribunal de Cuentas de Tucumán, aunque con condiciones que obligan al organismo electoral a adecuar la imputación presupuestaria y cumplir una serie de exigencias contables antes de ejecutar plenamente la operación.

Mediante el Acuerdo Nº 4108, firmado el 21 de octubre, el Tribunal resolvió no formular observaciones a la Resolución Nº 95/26 de la Junta Electoral, que había aprobado la contratación directa para adquirir la propiedad ubicada en avenida Néstor Kirchner 3190, en San Miguel de Tucumán, propiedad de la familia Garretón. Sin embargo, la conformidad quedó expresamente condicionada al cumplimiento de los requerimientos señalados por los organismos técnicos del órgano de control.

La operación contempla el pago de US$ 1,06 millones por el inmueble, cuya titularidad será transferida mediante escritura pública. Según el esquema autorizado, el 50% del precio se abonará al momento de la firma de la escritura, mientras que el 50% restante se cancelará hasta abril de 2027, con previsión de crédito presupuestario para afrontar ese compromiso en el próximo ejercicio.

El expediente también establece el origen de los fondos. De acuerdo con la resolución examinada, $700 millones serán imputados al presupuesto provincial de 2026, mientras que otros $116,2 millones se cubrirán con excedentes financieros de la cuenta de la Junta Electoral Provincial. El acuerdo autoriza, además, la intervención del Banco Macro para instrumentar el procedimiento previsto en el convenio suscripto entre el organismo electoral y la entidad bancaria.

El punto central del pronunciamiento no está únicamente en la autorización de la compra, sino en las advertencias formuladas durante el análisis del expediente. Los informes técnicos no detectaron objeciones que impidieran avanzar con la contratación, pero dejaron asentada la necesidad de corregir aspectos vinculados con la imputación presupuestaria y el registro del gasto.

El Departamento de Ingenieros Fiscales informó que no tenía observaciones que formular desde el punto de vista técnico. A su vez, el Departamento de Contadores Fiscales consideró correcta la utilización de la partida presupuestaria y señaló que existían fondos suficientes para afrontar los $700 millones previstos, así como saldo disponible en la cuenta corriente de excedentes financieros para cubrir los $116,2 millones restantes.

No obstante, los contadores advirtieron que la totalidad del monto correspondiente al inmueble debía quedar reflejada en la imputación presupuestaria, independientemente de la modalidad de pago acordada. También señalaron que, al momento de realizar los desembolsos, deberán respetarse las disposiciones contables vigentes.

La observación fue ratificada por el Contador Fiscal General y la Jefatura de Contadores Fiscales de Organismos Descentralizados. Ambos indicaron que correspondía imputar al ejercicio actual el monto total que se pretende afrontar con la estructura presupuestaria pertinente y, al cierre del año, tramitar la orden de pago que permita cancelar el 50% restante en abril de 2027.

En ese marco, el Tribunal de Cuentas resolvió que la operación no requería una observación formal que impidiera su continuidad, pero supeditó su ejecutoriedad al cumplimiento de las condiciones señaladas. Además, dispuso que el Contador Fiscal General, a través de la delegación fiscal destacada, verifique que la Junta Electoral cumpla con esas exigencias.

La resolución sometida al control preventivo había sido dictada el 16 de octubre. Cinco días después, el Tribunal de Cuentas emitió su acuerdo, en el que también autorizó a la Junta Electoral a realizar los trámites necesarios para la transferencia del dominio.

La decisión lleva las firmas de Miguel Chaiben Terraf y Sergio Miguel Díaz Ricci, y fue adoptada ante la ausencia del vocal contador público nacional Marcelo Vidal, quien se encontraba de licencia.

En cada proceso electoral, la Junta Electoral venía alquilando un local en Mendoza al 1000.