Frenaron el proyecto para concesionar los baños públicos de cuatro parques de la capital

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán resolvió devolver a comisión un proyecto de ordenanza que propone establecer un sistema de concesión para la construcción, instalación, mantenimiento y explotación de baños públicos en cuatro de los principales parques de la capital tucumana.

La iniciativa había sido incluida en el orden del día de la última sesión, realizada el jueves 22 de octubre, pero no avanzó hacia su aprobación definitiva, debido a que se decidió profundizar su estudio en el ámbito legislativo.

El proyecto, impulsado por los concejales Leandro Argañaraz, Alfredo Terán de Zavalía y Gastón Eduardo Gómez, contempla la implementación de un esquema de concesión mediante licitación pública para garantizar la disponibilidad y el funcionamiento de instalaciones sanitarias en espacios verdes de uso masivo.

La propuesta comprende a los parques 9 de Julio, Guillermina, Avellaneda y Quinto Centenario, cuatro espacios públicos que reciben diariamente a vecinos que realizan actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento.

El expediente había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Salud, Adicciones en General, Discapacidad y Acción Social, firmado el 5 de octubre por los concejales Ana María González, Ramiro Ortega y Gustavo Cobos.

Sin embargo, durante su tratamiento en el recinto, se resolvió que la iniciativa regresara a la comisión de origen para avanzar con un análisis más detallado de sus alcances, antes de someterla nuevamente a consideración del cuerpo legislativo.

Qué establece el proyecto de concesión

El texto que llegó al recinto contemplaba un procedimiento de licitación pública para otorgar la concesión de la construcción, instalación, mantenimiento y explotación del servicio de baños públicos en los cuatro parques mencionados.

Según el artículo primero del dictamen, el Departamento Ejecutivo Municipal tendría un plazo de 60 días, contados desde la promulgación de la ordenanza, para elaborar los pliegos de bases y condiciones generales y particulares correspondientes.

Una vez confeccionados, esos documentos deberían ser remitidos al Concejo Deliberante para su consideración y aprobación, de manera que el cuerpo legislativo pudiera intervenir nuevamente antes de que se concretara el proceso licitatorio.

El artículo tercero establecía que, una vez aprobados los pliegos, el Ejecutivo debería efectuar el llamado a licitación pública dentro de los 30 días siguientes.

De esta manera, la propuesta buscaba establecer un procedimiento administrativo para incorporar y mantener servicios sanitarios en los principales espacios verdes de la ciudad, mediante la participación de concesionarios seleccionados a través de una licitación.

No obstante, el dictamen no precisaba aspectos como el plazo de las concesiones, las condiciones económicas de explotación, las obligaciones específicas de los adjudicatarios ni las características de los servicios que deberían prestarse. Esos puntos quedaban sujetos a la elaboración posterior de los pliegos.

Tampoco establecía expresamente si el uso de los sanitarios sería gratuito para los vecinos o si los concesionarios podrían aplicar algún tipo de tarifa, una cuestión relevante por tratarse de instalaciones destinadas al público en espacios municipales.

En ese contexto, la decisión de devolver el expediente a la Comisión de Salud, Adicciones en General, Discapacidad y Acción Social implicó postergar su tratamiento definitivo y mantener abierta la discusión sobre el mecanismo más adecuado para garantizar el servicio.