Piumato advirtió que el 80% de los edificios judiciales del país “estarían clausurados” y reclamó cubrir vacantes

El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Julio Piumato, lanzó una dura advertencia sobre el estado en que funciona gran parte del sistema judicial argentino y sostuvo que la crisis no sólo afecta a los salarios de los trabajadores, sino también a las condiciones edilicias y a la cobertura de vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías.

Durante una visita a San Miguel de Tucumán, donde firmó un convenio de cooperación académica entre la UEJN y la Universidad de San Pablo-T, el dirigente sindical afirmó que “el trabajo de los judiciales es heroico, porque trabajan en lugares que no dan las mínimas condiciones de salubridad y seguridad”.

Piumato fue aún más contundente al describir el estado de los inmuebles judiciales en el país. “Siempre digo que los judiciales le tenemos que agradecer a Dios que no se haya producido un drama en algún edificio judicial. La precariedad de tantos edificios hace que sólo la mano de Dios haya impedido una tragedia”, sostuvo en declaraciones a Tendencia de Noticias.

Según el titular del gremio, la situación excede a una provincia en particular y constituye un problema estructural del Poder Judicial argentino. “El 80% de los edificios judiciales del país, si fueran inmuebles privados, estarían clausurados por no reunir las condiciones mínimas de salubridad y seguridad laboral”, aseguró.

Reclamo por infraestructura y cobertura de vacantes

El dirigente sindical reclamó la puesta en marcha de un plan estratégico, tanto a nivel nacional como provincial, para modernizar el sistema judicial y garantizar el funcionamiento adecuado de sus dependencias. “Debe haber inversión en nuevos edificios y en la cantidad de tribunales, juzgados, defensorías y fiscalías, con las plantas de personal necesarias para llevar adelante la tarea tan importante que tiene un poder fundamental del Estado”, enfatizó.

En ese sentido, remarcó que la falta de cobertura de vacantes y de recursos humanos impacta directamente en la calidad del servicio de Justicia y en la sobrecarga laboral que enfrentan los trabajadores judiciales.

Piumato señaló que, pese a las dificultades, el personal mantiene un alto nivel de compromiso y eficiencia. “La oficina judicial es la más eficiente de todos los poderes del Estado”, afirmó, al destacar la cantidad de expedientes y tareas que cada agente resuelve diariamente.

Salarios y ajuste

El secretario general de la UEJN también se refirió al deterioro del poder adquisitivo de los empleados judiciales y sostuvo que los recortes presupuestarios afectaron conquistas alcanzadas tras años de negociación.

“Seguimos batallando para que el nivel salarial corresponda a lo que significa la entrega que tiene el empleado judicial”, expresó.

A su juicio, los ministerios de Economía suelen considerar a la Justicia únicamente como “un número”, mientras que quienes conducen el sistema conocen de primera mano el esfuerzo cotidiano del personal.

Al referirse a las dependencias federales en Tucumán, Piumato mencionó episodios recientes que reflejan el deterioro de la infraestructura. Recordó, por ejemplo, la inundación del sótano del Tribunal Oral Federal, donde los propios trabajadores debieron intervenir para resguardar documentación y equipamiento. “Sin corresponderles, fueron los trabajadores judiciales los que se arremangaron y se metieron en ese lugar tan precario para poder seguir funcionando”, relató.

Convenio con la Universidad San Pablo-T

En el marco de su visita, Piumato firmó un convenio marco con la Universidad de San Pablo-T, representada por su rector, Ramiro Albarracín.

El acuerdo prevé la organización de actividades científicas y académicas, programas de investigación conjunta, publicaciones y un sistema de pasantías destinado a facilitar la inserción laboral de estudiantes universitarios.

Para Piumato, el convenio representa una herramienta estratégica para fortalecer la formación de los trabajadores judiciales y ampliar oportunidades educativas para los afiliados del gremio en Tucumán y otras provincias del país.

Por su parte, Albarracín destacó que el convenio representa una oportunidad concreta para ampliar el acceso a la educación superior de los trabajadores judiciales y sus familias. “La universidad ha hecho un esfuerzo muy grande estableciendo márgenes de descuento muy importantes”, señaló, al detallar que el acuerdo contempla beneficios del 35% en carreras de grado y pregrado, del 15% en posgrados y del 15% en el colegio secundario de la institución.

Según explicó, estos beneficios alcanzarán no sólo a los empleados del Poder Judicial de la Nación, sino también a sus familiares y allegados. “Queremos que la universidad privada no sea una universidad privativa”, afirmó Albarracín, al subrayar que el objetivo es facilitar el acceso a la formación académica y desarrollar propuestas específicas de capacitación, como diplomaturas, cursos in company e incluso nuevas carreras adaptadas a las necesidades del sistema judicial.

Además, recordó que la Universidad San Pablo-T mantiene más de 100 convenios con gremios, fundaciones e instituciones educativas, como parte de una estrategia orientada a fortalecer su vinculación con la comunidad y promover mayores oportunidades de profesionalización.