La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de Tucumán, acompañado por las firmas de sus pares Manuel Courel, Agustín Romano Norri y Raquel Nievas, para crear una Comisión Especial de Seguimiento, Evaluación y Control Político del proceso de intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi. La medida, dispuesta por el Poder Ejecutivo provincial mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, respondió al escándalo que involucra presuntas conexiones del narcotráfico con sectores políticos locales, situación que derivó en la destitución del ex intendente Luis Campos.
El proyecto, fundamentado en la gravedad institucional de los hechos, busca garantizar transparencia y control democrático durante la intervención. “La intervención de un municipio es una medida excepcional en un sistema republicano, una respuesta drástica frente a la imposibilidad de sostener el régimen democrático debido a causas que comprometen el orden institucional, la legalidad y la seguridad pública”, señala el texto presentado.
La Comisión, que estaría integrada por nueve legisladores respetando la proporcionalidad de los bloques parlamentarios, tendrá las siguientes funciones:
Requerir información sobre el desarrollo de la intervención, conforme a la Ley N.° 5529 y la Constitución Provincial.
Relevar antecedentes públicos para emitir valoraciones políticas no vinculantes.
Verificar el cumplimiento de estándares de transparencia, participación ciudadana y legalidad.
Solicitar informes periódicos al interventor designado para evaluar el proceso institucional y los plazos democráticos.
Emitir recomendaciones orientadas a la normalización institucional y la convocatoria a elecciones.
Además, podrá convocar al interventor, autoridades provinciales, municipales y personas relevantes para aportar información, y deberá presentar un informe final dentro de los 30 días posteriores al cese de la intervención. “Esta Comisión se orientará a garantizar que la intervención no sea un hecho opaco ni arbitrario, sino un proceso abierto, vigilado y con vocación de recomposición institucional genuina”, destaca el proyecto.
La intervención de Alberdi, que estará a cargo de Guillermo Norry, se originó tras múltiples denuncias penales contra autoridades municipales, incluyendo al ex intendente Campos y miembros del Concejo Deliberante, por presuntos delitos como tráfico de estupefacientes, malversación de fondos y encubrimiento. El caso tomó relevancia nacional tras la filtración de un audio en el que se escucha a Campos dialogando con un empresario sobre actividades ilícitas, incluyendo referencias al narcotráfico. “Estas revelaciones comprometen severamente la imagen del Estado ante la ciudadanía”, subraya Elías de Pérez en el proyecto.
La situación generó alarma social y un profundo deterioro de la legitimidad del gobierno municipal, justificando la intervención. “El pueblo de Alberdi tiene derecho a recuperar la confianza en sus representantes y a contar con instituciones sanas”, enfatiza la legisladora.
Principio rector
El proyecto subraya la importancia del control legislativo para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos. “En Tucumán no hay espacio para la impunidad, y las instituciones funcionan”, afirma el texto, que busca enviar un mensaje claro sobre el compromiso con la legalidad y la democracia.
La Comisión, de aprobarse, deberá constituirse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la resolución de la presidencia de la Legislatura. “Es en los momentos de crisis donde el Estado debe demostrar su fortaleza. La transparencia no es un eslogan: es un principio rector”, concluye el proyecto.
Elías de Pérez considera esta iniciativa como “un paso firme hacia la recuperación institucional de Alberdi y una provincia con más control, más transparencia y más democracia”.