“Le están haciendo el cuento del tío al Estado”: la dura denuncia por la entrega de tierras a una citrícola

La reciente sanción de las modificaciones a la ley de desafectación de terrenos en San Pablo y El Manantial profundizó los cuestionamientos en el Parlamento tucumano, sumando a la polémica por el "trámite exprés" una grave denuncia de ilegalidad. El vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, impugnó el proyecto impulsado por Mario Leito —que debió ser corregido tras las advertencias del Ministerio del Interior por errores en las nomenclaturas catastrales— al sostener que se pretende convalidar una irregularidad patrimonial. Para Toscano, el intercambio de tierras con la firma Citrusvil S.A. carece de validez jurídica, ya que los terrenos ofrecidos por el privado como contraprestación pertenecen al Barrio Ohuanta, el cual se encuentra bajo la tutela del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

Toscano fue categórico al señalar que el Estado tucumano está siendo inducido a un error legal al aceptar tierras que ya gozan de una protección específica por la Ley Nacional N.º 27.453. "El Estado no puede aceptar como parte de pago tierras que están protegidas por una ley nacional y sobre las cuales el privado no tiene libre disposición. Se pretende entregar algo que no le pertenece y eso es, lisa y llanamente, hacerle el cuento del tío al Estado tucumano", disparó el parlamentario.

Según Toscano, el Barrio Ohuanta integra el protocolo N.º 4070 del RENABAP, una condición que no solo prohíbe desalojos, sino que obliga a avanzar en la titularización a favor de los ocupantes que ya recibieron mejoras habitacionales mediante programas como "Mi Pieza". En este sentido, cuestionó que la ley termine premiando una ocupación histórica de tierras públicas por parte del sector privado: "No podemos permitir que quien usufructuó un inmueble público sin autorización termine siendo beneficiado con su propiedad y, además, pretenda compensar esa cesión con tierras que tampoco puede disponer".

Una reforma corregida tras fallas técnicas

La postura de Toscano se inserta en un proceso legislativo accidentado. La normativa original, aprobada el 28 de mayo, debió ser reformulada mediante un nuevo proyecto de Leito debido a que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior detectó que se intentaban desafectar como parcelas lo que técnicamente eran "caminos en desuso". Ante estas advertencias técnicas y las sospechas de "estrangulamiento" de vías públicas, la nueva redacción buscó precisar que el destino de las tierras debe ser exclusivamente la urbanización de asentamientos precarios, supeditando además la vigencia de la ley a que Citrusvil desista de toda acción legal contra la Provincia.

Sin embargo, la aprobación de estos cambios se dio en una sesión marcada por el hermetismo. La mayoría oficialista impidió el debate parlamentario al alegar que los argumentos ya habían sido expuestos en mayo, lo que impidió que opositores como Manuel Courel y el propio Toscano profundizaran sus denuncias en el recinto.

El terreno de la discordia.

Ante lo que considera una vulneración de la seguridad jurídica, Toscano elevó presentaciones formales al presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, al ministro del Interior y a la Fiscalía de Estado para advertir sobre la situación del Barrio Ohuanta. Asimismo, anticipó que solicitará formalmente al Poder Ejecutivo que no acepte los terrenos ofrecidos por la empresa en la operación.

El legislador concluyó reafirmando que la regularización dominial no debe ser una moneda de cambio para intereses particulares: "La seguridad jurídica de los vecinos debe garantizarse aplicando las leyes, no mediante acuerdos que beneficien intereses particulares en perjuicio del Estado y de todos los tucumanos".