Denuncian presuntas irregularidades en el manejo de secuestros judiciales durante la limpieza en el Tribunal Oral Federal

Una nueva controversia se instaló en la Justicia Federal de Tucumán, tras la presentación de una denuncia penal formulada por el secretario de Cámara del Tribunal Oral Federal (TOF), Hugo del Sueldo Padilla, quien solicitó que se investiguen presuntas irregularidades ocurridas durante un operativo de limpieza y reorganización de espacios de guardado realizado en mayo pasado en el edificio ubicado en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco.

La presentación fue realizada el 12 de junio ante el Ministerio Público Fiscal y apunta a determinar si durante esas tareas fueron retirados, descartados o destruidos elementos que se encontraban bajo custodia judicial y que, según sostiene el denunciante, podrían estar vinculados a causas aún en trámite o no definitivamente concluidas.

De acuerdo con el escrito, Del Sueldo Padilla cuestionó el procedimiento impulsado por los jueces subrogantes que integran el tribunal y afirmó que había manifestado previamente su desacuerdo con la medida. Según relató en la denuncia, consideraba que el retiro de determinados elementos debía realizarse mediante procedimientos específicos y con los resguardos correspondientes.

El funcionario judicial aseguró que desde hace más de tres décadas tiene a su cargo la custodia de secuestros judiciales ingresados al tribunal y sostuvo que durante una recorrida por los sectores de almacenamiento advirtió que allí se encontraban elementos correspondientes a distintos expedientes, algunos de ellos vinculados a procesos que aún no habían finalizado.

Según la presentación, las tareas comenzaron con la participación de personal de Gendarmería Nacional y se extendieron durante varias jornadas. Del Sueldo Padilla afirmó que recibió comunicaciones de empleados del tribunal que le manifestaron preocupación por el alcance del operativo y por el destino de algunos objetos almacenados en los subsuelos del edificio.

Entre los puntos señalados en la denuncia, el secretario sostuvo que parte del material retirado podría haber estado relacionado con expedientes de relevancia judicial. También mencionó que empleados le habrían informado sobre la presencia de armas, municiones y otros elementos durante las tareas de remoción.

Otro de los aspectos incluidos en la presentación refiere a la supuesta eliminación o interrupción de actuaciones administrativas que, según Del Sueldo Padilla, habían sido iniciadas para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo durante el procedimiento.

La denuncia incorpora además referencias a conversaciones mantenidas con otros funcionarios judiciales y a situaciones que, a criterio del denunciante, deberían ser objeto de una investigación penal para determinar si existieron conductas incompatibles con la normativa vigente.

En distintos pasajes del escrito, Del Sueldo Padilla calificó los hechos como potencialmente irregulares y sostuvo que podrían configurar delitos vinculados al ejercicio de la función pública. No obstante, todas las acusaciones forman parte de una denuncia que deberá ser corroborada o descartada durante la investigación judicial correspondiente.

La causa quedó bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, que deberá reunir información y determinar si existen elementos suficientes para avanzar con medidas de prueba. Entre los puntos centrales de la investigación se encuentra establecer qué material fue retirado durante el operativo, cuál era su situación procesal y si se respetaron los protocolos previstos para la conservación de secuestros judiciales.