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La disputa entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Concepción por la incorporación de 33 trabajadores a la planta permanente será resuelto en los tribunales. El intendente Alejandro Molinuevo presentó una acción de nulidad de acto administrativo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y solicitó una medida cautelar para impedir que se concreten las designaciones.
La presentación llegó después de que el jefe municipal vetara la ordenanza que habilitaba los pases a planta y que los concejales insistieran con su aprobación. El conflicto, que comenzó en el recinto deliberativo, trasladó así su escenario a los tribunales.
Desde el Ejecutivo estimaron que las incorporaciones demandarían alrededor de $570 millones anuales y cuestionaron tanto el procedimiento legislativo utilizado para aprobarlas como la necesidad de sumar personal en el actual contexto económico.
Molinuevo sostuvo que la decisión fue adoptada por los ocho concejales opositores, sobre un cuerpo integrado por 12 miembros, y cuestionó que la iniciativa se tratara sin una discusión previa suficiente. Según su versión, el proyecto fue aprobado “a libro cerrado”, sin que se conocieran debidamente sus alcances.
El intendente también objetó que los trabajadores beneficiados no contarían, en algunos casos, con antigüedad suficiente en la Municipalidad. En esa línea, sostuvo que las nuevas incorporaciones no responderían a necesidades administrativas del Concejo, sino a una decisión de naturaleza política.
Otro de los argumentos del Ejecutivo apunta a las funciones que justificarían las designaciones. Molinuevo cuestionó que se crearan áreas vinculadas con políticas sociales y de juventud, al considerar que esas competencias corresponden a la órbita municipal. También advirtió sobre la falta de espacio físico para albergar a los nuevos empleados.
La controversia tiene, además, una dimensión política que atraviesa la relación entre el intendente y la mayoría opositora del Concejo. Molinuevo vinculó las designaciones con una estrategia partidaria de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, cuando el peronismo buscará recuperar el gobierno de la ciudad.
Molinuevo afirmó que antes de la votación había mantenido reuniones con los concejales para solicitar que la iniciativa fuera postergada y evaluada con mayor detenimiento. Sin embargo, según relató, la ordenanza terminó aprobándose al cierre de una sesión.
La acción de nulidad y el pedido cautelar abren ahora una instancia judicial para determinar la validez del acto administrativo cuestionado y establecer si corresponde suspender sus efectos mientras se tramita la causa.