Acusan a los Kirchner de usar una inmobiliaria para lavar millones provenientes de empresarios amigos

La Fiscalía expuso este lunes cómo la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, habrían utilizado la inmobiliaria familiar Los Sauces como una herramienta para lavar dinero proveniente de negocios con empresarios favorecidos por el Estado y terminar incorporándolo a su patrimonio personal.

Durante la tercera audiencia del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, la acusación describió un circuito que incluyó contratos de alquiler presuntamente simulados, movimientos contables irregulares y retiros de fondos por más de $10 millones.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la sociedad inmobiliaria funcionó como una pieza central de un esquema mediante el cual empresas vinculadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa transfirieron casi $26 millones a la familia Kirchner entre 2009 y 2016. Esos ingresos representaron más del 88% de la facturación de Los Sauces durante el período investigado.

La hipótesis de los investigadores es que una parte de los recursos obtenidos por empresarios beneficiados con contratos de obra pública, concesiones y ventajas impositivas durante los gobiernos kirchneristas regresaba al círculo familiar de los expresidentes mediante operaciones comerciales que buscaban otorgar apariencia de legalidad al dinero.

"Cristina y Máximo Kirchner se hicieron de fondos provenientes de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, favorecidos con contratos, concesiones y beneficios impositivos, y a los que se les había borrado su origen espurio como consecuencia del esquema de reciclaje", sostuvo la acusación leída ante el Tribunal Oral Federal N.º 5.

Para la Fiscalía, no se trató simplemente de negocios inmobiliarios bajo sospecha, sino de un mecanismo destinado a recibir fondos de procedencia ilícita y permitir que los integrantes de la familia presidencial dispusieran de ellos.

La acusación describió esa última instancia como el momento en el que el "patrimonio espurio terminó ingresando directamente a los bolsillos de la exfamilia presidencial".

El mecanismo para retirar millones de la inmobiliaria

 

Uno de los puntos más comprometedores de la exposición fiscal fue la reconstrucción de cómo el dinero que ingresaba a Los Sauces terminaba en manos de sus accionistas.

Según el requerimiento de elevación a juicio, los Kirchner utilizaron una estructura de supuestos préstamos a la sociedad que posteriormente eran cancelados mediante devoluciones de dinero. A ese mecanismo se sumaron pagos de honorarios como directores, remuneraciones y gastos particulares afrontados con recursos de la empresa.

La Fiscalía sostuvo que la familia "extrajo dinero de Los Sauces por más de 10 millones de pesos en concepto de 'devolución de créditos' a nombre de sus integrantes, como contraprestación por el cargo de director en el órgano de administración o como empleado de la firma, o bien a través del pago de gastos particulares con dinero de la sociedad".

El procedimiento permitía, siempre según la acusación, evitar los mecanismos habituales de distribución de ganancias y presentar las extracciones como movimientos financieros legítimos.

Los peritos contables señalaron que, cuando los socios intervenían de manera habitual en esos movimientos, la sociedad se convertía en un vehículo para transferir fondos desde las operaciones comerciales hacia sus propietarios.

La reconstrucción de los investigadores incluyó movimientos registrados después de la muerte de Néstor Kirchner, en octubre de 2010.

Entre ese momento y fines de 2011, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner retiraron conjuntamente $2.028.360,37 de la cuenta particular del expresidente en Los Sauces, sin que la documentación permitiera establecer cuánto dinero recibió efectivamente cada uno.

Cristina y Máximo, bajo la lupa por sus retiros personales

La acusación también individualizó operaciones atribuidas a la expresidenta y a su hijo.

En el caso de Cristina Kirchner, la Fiscalía identificó retiros y gastos personales por $2.095.426,67 hasta octubre de 2014, que vinculó con el presunto esquema de lavado.

Un dato destacado por los investigadores fue que el 99,20% de esas extracciones se produjo después de la entrada en vigencia de la Ley 26.683, que incorporó al Código Penal el delito de autolavado de activos.

Respecto de Máximo Kirchner, la Fiscalía sostuvo que utilizó una combinación de retiros directos, pagos de gastos particulares y honorarios como director de la sociedad.

Los débitos registrados por esos conceptos alcanzaron $2.492.415,69. La documentación también identificó aportes personales y honorarios asignados mediante decisiones de las asambleas de la propia empresa familiar.

Para los fiscales, esos movimientos evidencian que el actual diputado nacional habría utilizado fondos que previamente habían ingresado a Los Sauces a través del circuito de reciclaje investigado.

La acusación también examinó la participación de Florencia Kirchner en las operaciones societarias, aunque la hija de los expresidentes fue sobreseída antes de la apertura del juicio oral.

Los empresarios que financiaban casi el 90% de Los Sauces

La Fiscalía puso especial énfasis en la dependencia económica que la inmobiliaria familiar tenía de las compañías vinculadas con Báez y el Grupo Indalo.

Entre 2009 y 2016, esas empresas pagaron $25.968.042,30 por alquileres de propiedades y establecimientos hoteleros de Los Sauces.

De acuerdo con la acusación, aproximadamente el 65% de la facturación provenía de compañías relacionadas con Cristóbal López y Fabián De Sousa, mientras que otro 23% correspondía a firmas de Lázaro Báez.

Los investigadores consideraron que esa concentración de ingresos constituía un indicio relevante del funcionamiento de la inmobiliaria como una estructura destinada al reciclaje de activos.

Entre las operaciones cuestionadas aparecieron alquileres de departamentos en Río Gallegos, oficinas en el complejo Madero Center y contratos relacionados con el hotel La Aldea del Chaltén.

En varios casos, la Fiscalía identificó presuntos sobreprecios, condiciones comerciales inusuales y documentación que, según su interpretación, no respondía a negocios inmobiliarios genuinos.

Uno de los ejemplos fue el hotel La Aldea del Chaltén, adquirido mediante una operación que declaró un precio de $200.000, pese a que el Tribunal de Tasaciones de la Nación había estimado su valor en $2,89 millones.

Posteriormente, el establecimiento fue entregado para su explotación a Valle Mitre, una compañía vinculada con Báez. Según la acusación, los pagos recibidos permitieron recuperar el precio declarado de adquisición en apenas cinco meses.

Una inmobiliaria sin estructura para justificar sus negocios

Otro elemento utilizado por la Fiscalía para cuestionar la actividad de Los Sauces fue la ausencia de una estructura administrativa acorde con el volumen de operaciones que registraba.

De acuerdo con la investigación, la empresa declaró distintos domicilios en Río Gallegos, pero ninguno pudo ser acreditado como una sede real donde se desarrollara su actividad inmobiliaria.

La acusación también señaló que la firma no registró empleados hasta abril de 2010 y que, durante varios años, contó con una dotación mínima.

Entre las personas incorporadas a su nómina figuraba el jardinero particular de Cristina Kirchner, quien declaró que desconocía dónde funcionaba la administración de la sociedad.

Para los fiscales, estas circunstancias reforzaban la hipótesis de que Los Sauces no operaba como una inmobiliaria convencional, sino como una estructura utilizada para canalizar fondos provenientes de las empresas investigadas.

El Ministerio Público Fiscal también examinó la adquisición de propiedades que terminaron destinadas al uso personal de integrantes de la familia, entre ellas la vivienda de Río Gallegos y el departamento de San José 1111, en Buenos Aires, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario por su condena en la causa Vialidad.

El juicio continuará con la acusación de la UIF

La tercera audiencia concluyó con la lectura del requerimiento fiscal correspondiente a Los Sauces. El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni.

Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner siguen el debate mediante conexión virtual y deberán concurrir a Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones de los imputados.

Ambos están acusados de lavado de activos y asociación ilícita. En el caso de la expresidenta, también se le atribuye el delito de dádivas.

El juicio continuará el viernes con la lectura de la acusación presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante.

El tribunal deberá determinar si las operaciones cuestionadas constituyeron negocios comerciales legítimos o si, como sostiene la Fiscalía, fueron parte de un circuito destinado a convertir fondos de origen ilícito en patrimonio privado de la familia Kirchner.