
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán dio un paso procesal que reordena el escenario judicial vinculado a las elecciones en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y mete presión sobre el juzgado de primera instancia.
Mediante una providencia de trámite firmada por el vocal Fernando Luis Poviña, el tribunal resolvió formar un incidente separado con el planteo de nulidad presentado por la UNT contra la cautelar que frenó la postulación del rector Sergio Pagani -que quedará en manos de la propia Cámara para su resolución- y devolvió el expediente principal al Juzgado Federal N°2, el mismo que en abril había rechazado la demanda de los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala por falta de legitimación.
El movimiento tiene una consecuencia concreta e inmediata: ese juzgado, que nunca llegó a pronunciarse sobre el fondo del asunto porque desestimó la acción en el umbral, debe ahora dictar sentencia sobre la pregunta central de todo este conflicto: si el Estatuto de la UNT impide o no que Pagani se postule a un tercer mandato consecutivo dentro de la fórmula rectoral (fue vice en un período y rector en otro).
Para entender el estado actual del conflicto hay que repasar lo que ocurrió en los últimos 10 días. El 15 de mayo, la Cámara revocó el fallo de primera instancia, reconoció la legitimación de Cabrera y Abdala -candidatos en competencia directa con Pagani- y dictó una medida cautelar que ordenó a la UNT abstenerse de receptar, tramitar, acreditar, exhibir y oficializar fórmulas para el Rectorado integradas por candidatos que hubieran cumplido dos mandatos consecutivos. La medida apuntaba en los hechos a la fórmula Pagani-Mercedes Leal, la única en esa situación, y dejaba intacta la candidatura opositora. La Asamblea Universitaria estaba prevista para el 20 de mayo.
Lo que siguió abrió un nuevo frente de disputa. La Junta Electoral interpretó la cautelar de manera más amplia que lo que los actores consideraban correcto y suspendió la totalidad del proceso electoral, incluyendo la fórmula Cabrera-Abdala. Luego convocó al Consejo Superior -cuya legitimidad los opositores también cuestionaron, argumentando que ese cuerpo todavía no estaba formalmente constituido- y ese órgano ratificó la suspensión y postergó la Asamblea Universitaria al 10 de junio, habilitando implícitamente la posibilidad de que se presentaran nuevas fórmulas o garantizando tiempo para que la Justicia dicte una resolución de fondo.
Pagani, por su parte, anunció públicamente que no aceptará una prórroga de su mandato más allá de este viernes 28 de mayo, lo que abre el riesgo de acefalía.
La lógica detrás de la decisión de la Cámara es clara. Desde que se dictó la cautelar, el expediente quedó enredado en una superposición de trámites: el planteo de nulidad de la UNT, las tres denuncias de incumplimiento presentadas por los actores en menos de una semana y el pedido urgente de pronto despacho para que se resuelva el fondo. Al separar los carriles, la Cámara se reserva la cuestión incidental -la nulidad- y le despeja el camino al juzgado inferior para que avance sin más distracciones hacia la sentencia definitiva.
Para los actores, la devolución del expediente es en parte lo que venían reclamando. El problema es el tiempo: el mandato de Pagani vence al cierre de esta semana y el Estatuto fija que las nuevas autoridades deben ser electas en la segunda quincena de mayo. El juez que una vez rechazó esta misma causa tiene ahora en sus manos decidir si lo hace antes de que ese plazo se agote.