
Apenas 76 días después de romperle la nariz de un cabezazo al diputado nacional de La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, el exempleado público Marcelo “Pichón” Segura recuperó este martes su libertad, luego de que la Justicia homologara un acuerdo de juicio abreviado con condena condicional.
La resolución fue dictada por el juez penal de Concepción, Raúl Robín Márquez, quien avaló el acuerdo alcanzado entre la Unidad Fiscal de Homicidios del Ministerio Público Fiscal de Tucumán y la defensa técnica de Segura, encabezada por el abogado Ernesto Baaclini.
En una rápida resolución, el magistrado entendió que se encontraban cumplidos los requisitos legales para aplicar una salida alternativa al juicio oral y dispuso una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, lo que permitió que el acusado recuperara la libertad.
Además, Segura deberá cumplir durante ese mismo período una serie de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto con Pelli en un radio de 300 metros, la imposibilidad de portar armas de fuego, la prohibición de consumir alcohol o estupefacientes y la obligación de realizar tratamiento psicológico para control de impulsos y manejo de la ira.
La querella, representada por el abogado Juan Colombres Garmendia, rechazó firmemente el acuerdo de juicio abreviado y cuestionó el trámite de la causa, aunque su posición no resultaba vinculante para la resolución judicial.
El hecho
El ataque que derivó en la causa ocurrió el pasado 11 de marzo en la ciudad de La Madrid, cuando Pelli participaba junto a dirigentes libertarios de una recorrida solidaria para entregar donaciones a vecinos afectados por las tormentas.
Según la investigación, en medio de la actividad Segura se acercó al legislador y le aplicó un cabezazo en el rostro. La agresión quedó registrada en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios nacionales.
A raíz del golpe, el diputado sufrió fracturas faciales y debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Durante la audiencia se informó además que deberá afrontar una nueva operación el próximo mes como consecuencia de las secuelas de la agresión.
El caso tuvo desde el inicio un fuerte impacto político debido a los vínculos que distintos sectores opositores vincularon directamente a Segura con el ministro del Interior provincial, Darío Monteros, aunque el funcionario siempre evitó pronunciarse públicamente sobre esa relación.
La causa avanzó bajo la calificación de lesiones graves agravadas por alevosía. En una primera etapa del proceso, Segura permaneció detenido en el penal de Benjamín Paz, aunque posteriormente accedió al arresto domiciliario por cuestiones de salud vinculadas a hipertensión y diabetes.

Aval del Ministerio Público Fiscal
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios conducida por Miguel Ángel Varela, desde donde remarcaron que el acuerdo abreviado no se sustentó únicamente en la confesión del acusado, sino también en distintas pruebas recolectadas durante la pesquisa.
Entre esos elementos mencionaron testimonios, informes médicos y los registros audiovisuales del ataque.
El Ministerio Público Fiscal también valoró la ausencia de antecedentes penales computables de Segura. Según se detalló en la audiencia, en su historial figura una causa iniciada en 1996 por tenencia de arma de guerra, aunque el expediente se encuentra archivado desde fines de la década de 1990.
Con la homologación judicial del acuerdo, la causa quedó cerrada sin necesidad de avanzar hacia un juicio oral y público.