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Una iniciativa legal presentada por el Poder Ejecutivo provincial con la finalidad de otorgar financiamiento y respaldar a los sectores productivos de Tucumán comenzó a ubicarse en el centro de las conjeturas proselitistas de cara al año electoral que se avecina. La legisladora radical Silvia Elías de Pérez cuestionó con firmeza el proyecto oficial para constituir Fiduciaria de Tucumán S.A.U., al señalar que la creación de esta nueva empresa estatal representa un gasto innecesario para cumplir funciones que ya desempeña la Caja Popular de Ahorros, además de despertar suspicacias sobre el manejo de fondos públicos en la antesala de los comicios.
El proyecto elevado por el gobierno establece la conformación de Fiduciaria de Tucumán S.A.U. bajo la figura de una sociedad anónima unipersonal, en la cual el Estado provincial se reservará la totalidad de las acciones y el Poder Ejecutivo ejercerá los derechos societarios correspondientes. De acuerdo con la iniciativa, el directorio de la firma estará integrado por tres miembros y contará con un desembolso inicial de $1.000 millones aportados por el Ejecutivo para constituir un fondo de garantías de crédito. El articulado otorga facultades de administración, control y fiscalización al Ministerio de Economía y Producción, reservando al gobernador la atribución de aprobar y modificar el contrato social de la entidad. No obstante, la estructura proyectada requerirá la contratación de personal y la generación de costos operativos adicionales, a pesar de que la Caja Popular de Ahorros posee competencias fiduciarias vigentes en la provincia.
Ante este marco regulatorio, la parlamentaria opositora advirtió sobre la falta de controles independientes en la administración de los fondos estatales. En ese sentido, Elías de Pérez afirmó: “Nos proponen crear una entidad nueva para manejar recursos públicos, con otra estructura y más gastos. Y, al mismo tiempo, el propio Gobierno tendría el control de las decisiones centrales sobre su funcionamiento. Una sociedad anónima no puede convertirse en una responsabilidad anónima. Jaldo quiere crear la Caja Particular Electoral. Una entidad nueva con funciones que ya tiene la caja popular pero con escasos controles”.

Si bien la legisladora coincidió en la urgencia de acompañar el desarrollo económico local, remarcó la falta de tratamiento de proyectos previos que buscaban atender esa problemática. Al respecto, la representante radical expresó: “Sabemos lo que cuesta sostener un comercio, una pequeña empresa o una producción. Muchas veces hay trabajo, capacidad y proyectos, pero falta respaldo para conseguir un crédito. Presentamos numerosos proyectos sobre estos temas que ni siquiera quieren tratar. Esa necesidad merece una respuesta seria, cuyo funcionamiento podamos explicar y controlar”.
Asimismo, Elías de Pérez emplazó al Gobernador a justificar la fundamentación técnica de crear una firma paralela en lugar de potenciar los organismos bancarios existentes. Sobre esta cuestión, la legisladora preguntó: “Si la Caja Popular ya administra fideicomisos y apoya actividades productivas, ¿qué impide fortalecerla? ¿Qué puede hacer esta nueva sociedad que justifique otro directorio, más personal y nuevos gastos?”. Finalmente, vinculó la oportunidad del envío del proyecto con el calendario político venidero al señalar: “A meses de las elecciones, la pregunta es inevitable: ¿Jaldo está creando una herramienta para la producción o una caja que puede quedar a disposición del poder de turno?”.