El oficialismo busca avanzar con la Ley de Propiedad Privada y mantener parte de las restricciones a la compra de tierras por extranjeros

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar este miércoles con el dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que ya obtuvo media sanción del Senado y que contempla modificaciones en los regímenes de expropiaciones, desalojos y regularización dominial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza y sus aliados incorporarán al texto algunas de las restricciones establecidas en la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de mantener determinados límites a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

La propuesta conservaría el tope del 15% de extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental, aunque eliminaría la restricción de 1.000 hectáreas vigente para las zonas núcleo del país.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se reunirá a las 16 para retomar el tratamiento de la iniciativa, que el oficialismo consiguió aprobar en el Senado hace más de dos meses, luego de introducir modificaciones al proyecto original.

Durante aquella discusión, el bloque libertario, encabezado por Patricia Bullrich, debió retirar los capítulos que proponían derogar la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Integración Sociourbana de barrios populares, ante la falta de respaldo parlamentario.

La decisión de recuperar parcialmente las disposiciones de la Ley de Tierras se produce en medio de las negociaciones legislativas previas a la sesión especial convocada por la oposición para este jueves, en la que se buscará avanzar con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

De acuerdo con la información difundida, la estrategia oficialista apunta a reducir los cuestionamientos de los bloques opositores y, al mismo tiempo, flexibilizar determinadas restricciones sobre la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

La discusión también se desarrolla mientras continúa el proceso judicial relacionado con la derogación de la Ley 26.737. En ese marco, la Corte Suprema dio lugar a un pedido cautelar presentado por la organización Árbol de Pie para restablecer la vigencia de la normativa.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue incluido en el temario de la sesión que el oficialismo convocó para el 21 de octubre, junto con otras iniciativas vinculadas con discapacidad y sobreendeudamiento familiar.

Además de las disposiciones sobre tierras rurales, el texto introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones, al establecer que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación expresa por parte del Estado.

La iniciativa determina que podrán ser objeto de expropiación los bienes necesarios o convenientes para satisfacer una finalidad de utilidad pública, independientemente de su naturaleza jurídica.

En cuanto a las indemnizaciones, establece que deberán calcularse sobre la base del valor objetivo del bien, sin contemplar su valor afectivo ni ganancias hipotéticas.

También incorpora un límite del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, siempre que el perjuicio se encuentre debidamente acreditado. El proyecto original no contemplaba un porcentaje máximo para este concepto.

Respecto de la actualización de los montos, la propuesta establece la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, junto con la tasa del Banco Nación a 30 días.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es la modificación de los procedimientos de desalojo de inmuebles, con disposiciones destinadas a propietarios cuyos derechos se encuentren afectados por ocupaciones de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios o intrusos.

El texto contempla que un juez pueda disponer la entrega inmediata de un inmueble usurpado u ocupado por tenedores precarios cuando el derecho invocado resulte verosímil y exista caución juratoria.

Asimismo, establece la posibilidad de que la Justicia intime la devolución del inmueble dentro de las 72 horas, a pedido del propietario, quien deberá acreditar documentalmente su titularidad.

En los casos de desalojos por falta de pago del alquiler, el proyecto dispone que los inquilinos tendrán un plazo mínimo de 10 días para regularizar la deuda, contado desde la recepción de la intimación correspondiente, antes de que el propietario pueda iniciar la acción judicial.

La notificación podrá realizarse en el domicilio físico o electrónico declarado en el contrato y será considerada válida incluso cuando el inquilino se niegue a recibirla o existan impedimentos atribuibles a él.

Ante el incumplimiento, el propietario podrá iniciar el proceso de desalojo mediante el procedimiento judicial más breve previsto por la legislación.

La iniciativa también establece que la resolución judicial podrá autorizar el uso de la fuerza pública, el allanamiento del domicilio y la apertura de cerraduras cuando resulte necesario para ejecutar la medida.

No obstante, incorpora un protocolo de vulnerabilidad para situaciones en las que se encuentren involucrados menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados.

En estos casos, se prevé un plazo máximo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, con intervención del Ministerio Público Tutelar.

El proyecto contempla además la figura de ocupación temporánea anormal, que podrá aplicarse por única vez durante un período de 90 días, prorrogable, ante circunstancias graves y verificables de necesidad pública, como emergencias sanitarias, conflictos armados o desastres naturales.

Finalmente, la iniciativa propone modificaciones a la denominada Ley Pierri, que regula los mecanismos de regularización dominial de viviendas.

La reforma permitiría acceder a la escrituración de una vivienda única y permanente a quienes acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante 10 años, siempre que esa ocupación tenga una causa lícita y se cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Con estas modificaciones, el oficialismo intentará reunir los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto en Diputados, en medio de las diferencias parlamentarias por la regulación de la propiedad privada y la vigencia de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.