Diputados retoma el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en medio de reclamos para modificar el proyecto

Noticias Argentinas difundió que la Cámara de Diputados retomará este martes el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el Gobierno, en medio de cuestionamientos de bloques opositores y sectores de la alianza oficialista que reclaman modificaciones al texto. Ante la falta de acuerdos, no se prevé que durante la jornada se firmen dictámenes.

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15, con el objetivo de continuar el debate iniciado el pasado 30 de septiembre, cuando una reunión terminó en medio de insultos y gritos que involucraron al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y a legisladores de La Libertad Avanza.

La discusión continuó el miércoles pasado en un clima de menor confrontación, con la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales que expusieron sus cuestionamientos a la iniciativa.

En esa oportunidad, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, que propone crear un nuevo esquema de seguridad nacional y modificar las estructuras de defensa, inteligencia y seguridad para responder a las denominadas amenazas externas.

En medio de las diferencias parlamentarias, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, resolvió excluir la iniciativa del temario de la sesión convocada por el oficialismo para el 21 de octubre, en la que se prevé tratar proyectos vinculados con discapacidad, sobreendeudamiento familiar e inviolabilidad de la propiedad privada.

La decisión permitirá extender las negociaciones sobre una propuesta que contiene 133 artículos y que combina el endurecimiento de las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas con una reorganización de distintas áreas del Estado.

Uno de los principales planteos de Unión por la Patria consiste en limitar el alcance de la iniciativa a las disposiciones que establecen sanciones económicas y penales por actividades desarrolladas sin autorización argentina en Malvinas, dejando fuera las reformas relacionadas con seguridad, defensa e inteligencia.

Entre los artículos más cuestionados se encuentra el 111, que contempla penas de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de entidades u organismos extranjeros, realicen acciones destinadas a alterar procesos electorales, afectar el funcionamiento de las instituciones democráticas o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.

La disposición también alcanza a quienes promuevan o financien actos de violencia, sabotaje o alteraciones graves del orden público dirigidas a desestabilizar la seguridad interior o las instituciones del Estado.

Desde la oposición advierten que la redacción podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Por ese motivo, tanto legisladores opositores como representantes de bloques dialoguistas y aliados del oficialismo reclaman eliminar ese artículo.

Los cuestionamientos también se concentran en las atribuciones previstas para el Consejo de Seguridad Nacional, los protocolos que habilitarían el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones consideradas hostiles, y la falta de precisión en las definiciones de amenaza externa y actividad terrorista.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una de las organizaciones que expresó objeciones al proyecto durante las reuniones parlamentarias.

“El Gobierno sostuvo que el proyecto sólo aborda amenazas externas, que no crea nuevas facultades para el Poder Ejecutivo y que no presenta problemas de constitucionalidad. Sin embargo, el proyecto incorpora el paradigma de la ‘seguridad nacional’ y reorganiza bajo ese concepto la defensa, la seguridad interior y la inteligencia”, señaló el organismo.

Durante su exposición ante los diputados, la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, sostuvo que la iniciativa “reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar al Estado antiterrorista” bajo el concepto de seguridad nacional.

Según planteó, ese enfoque podría justificar una mayor concentración de facultades en el Poder Ejecutivo y ampliar la aplicación de medidas excepcionales.

Litvachky también cuestionó las definiciones incluidas en el texto sobre terrorismo y amenazas externas, al considerar que podrían permitir interpretaciones discrecionales y afectar libertades civiles y políticas.

Más allá de las controversias, el proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen en la explotación o colaboren con el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.

La propuesta reemplazaría la actual Ley 26.659 y ampliaría las prohibiciones, que dejarían de limitarse a los hidrocarburos para comprender cualquier explotación de recursos naturales renovables y no renovables sin autorización argentina.

También establece la creación de un registro público de infractores, cuyos integrantes quedarían impedidos de contratar con el Estado y con particulares, además de incorporar el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la normativa.

Otro de los ejes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente de la Nación e integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica.

El organismo tendría a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras consideradas críticas.

Ante amenazas graves e inminentes, el Consejo podría disponer medidas urgentes, entre ellas restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, limitaciones al comercio exterior y aumentos transitorios de derechos aduaneros.

La iniciativa también contempla la posibilidad de derribar aeronaves o hundir embarcaciones consideradas hostiles, como último recurso y después de agotar las instancias previstas en los protocolos correspondientes.

En materia política, propone prohibir los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas electorales.

Asimismo, incorpora figuras penales relacionadas con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y determinadas acciones financiadas desde el exterior que busquen alterar procesos electorales o afectar el funcionamiento institucional.

El texto también redefine las funciones de la Defensa Nacional para permitir su intervención en cuestiones de seguridad interna frente a amenazas externas, tanto estatales como no estatales.

Finalmente, propone incorporar por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con disposiciones que permitirían inmovilizar bienes y prohibir operaciones económicas o financieras con personas y organizaciones incluidas en ese registro.

Con estas diferencias aún sin resolver, el oficialismo continuará las negociaciones parlamentarias para determinar qué modificaciones incorporará al proyecto antes de avanzar hacia su tratamiento en el recinto.