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FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El Gobierno y rectores se reunieron ante la Justicia para intentar destrabar el conflicto
El juez Martín Cormick encabezó la audiencia solicitada por la Universidad de Buenos Aires, por el incumplimiento de la Ley N° 27.795.
En la jornada de ayer se realizó una reunión en el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales. En sede de los tribunales, rectores y representantes del Gobierno de la Nación, participaron de una audiencia convocada para intentar destrabar la aplicación de la Ley 27.795.
La reunión fue encabezada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El encuentro había sido solicitado originalmente por la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y contó con la conformidad del Gobierno Nacional.
Participaron del encuentro,representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Durante la audiencia, cada una de las partes expuso su posición frente al conflicto, mientras que el magistrado tomó nota de los planteos realizados.
Cormick, no adoptó ninguna decisión de fondo sobre el reclamo. Los argumentos y posiciones de los participantes quedaron registrados en un acta que fue firmada por los presentes.
La instancia judicial busca avanzar sobre el conflicto generado por la falta de implementación de algunos puntos de la Ley 27.795, que establece mecanismos de actualización salarial para trabajadores universitarios y contempla la recomposición de programas destinados a estudiantes.
La disputa se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso durante 2025.
La norma había sido vetada por el Presidente Javier Milei, pero posteriormente el Congreso logró insistir con el proyecto luego de obtener un amplio respaldo en ambas cámaras.
Entre sus principales disposiciones, la ley contempla actualizaciones salariales y la recomposición de programas de becas estudiantiles, entre ellos el Progresar.
Ante la demora en la implementación, el CIN y los gremios docentes impulsaron un amparo colectivo que finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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