El caso Alberdi: “La Constitución dice claramente que la intervención solo se puede hacer por Ley”

La abogada constitucionalista Carmen Fontán criticó duramente la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de intervenir la Intendencia y el Concejo Deliberante de Juan Bautista Alberdi mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en lugar de una ley sancionada por la Legislatura. En declaraciones a Enterate Play (FM 90.5), la reconocida profesional del derecho y docente universitaria enfatizó que la decisión institucional adoptada por el titular del Poder Ejecutivo "afecta seriamente la autonomía municipal".

La profesional no hizo una valoración sobre el motivo por el cual Jaldo decidió intervenir Alberdi, que fue el escándalo político desatado por un audio que se viralizó y reveló presuntos vínculos del depuesto intendente Luis “Pato” Campos (foto junto a Jaldo) y otros funcionarios de ese municipio con el narcotráfico, sino que evaluó la forma con la cual se dispuso esa medida.

En este sentido, Fontán explicó que la Constitución provincial, con su reforma de 2006, establece un sistema autonómico para los municipios, y "dice claramente que la intervención solo puede ser por ley". Y aclaró que “esto implica que es el órgano legislativo quien debe evaluar si el sistema republicano de gobierno está comprometido y si no se garantizan los derechos de los vecinos” de Alberdi.

“Aquí hay una sustitución, para empezar, del criterio legislativo por una persona que es solamente la figura del gobernador", sostuvo Fontán.

La docente universitaria subrayó que, en lugar de un DNU, el Ejecutivo debería haber remitido un proyecto de ley de urgencia a la Legislatura.

Para fundamentar su planteo, la abogada señaló tres puntos clave que evidencian la irregularidad de la medida. Dijo que en primer lugar se produjo una sustitución del Poder Legislativo. “El gobernador asume una facultad que corresponde a la Legislatura, al evaluar una situación que requiere el criterio colectivo y representativo de los legisladores”, indicó.

Luego, advirtió que se generó un receso Legislativo, “ya que el decreto invoca la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual solo habilita un DNU para intervenciones si la Legislatura está en receso, situación que no se da en este momento”. Además, Fontán dijo que hubo “una intervención del Concejo Deliberante sin Justificación”. Sobre ese último aspecto, Fontán cuestionó la intervención tanto del Ejecutivo como del Concejo Deliberante, ya que "hasta lo que sabemos todos en principio no se vería involucrado el Consejo Deliberante". Esto, a su juicio, “parece ser más una movida política que una necesidad institucional”, dado que la presidenta del Concejo, con un lazo familiar con el intendente, era la reemplazante natural en caso de acefalía.

"Hacer caducar el mandato de todos los miembros del Concejo Deliberante, sin saber realmente si ellos están o no involucrados, importa una gravedad institucional muy grande para todos los tucumanos", afirmó la constitucionalista.

¿Motivaciones Políticas?

La abogada planteó la inquietud sobre por qué la intervención se realizó mediante un DNU y sugirió que “todo este movimiento es más de impacto político o de decisión política que un tema que realmente esté para garantizar la forma republicana de gobierno". En ese sentido, comparó la celeridad de esta intervención, justificada tras la viralización de un audio de WhatsApp donde el exintendente Campos quedó vinculado al presunto tráfico de drogas, con la falta de acción en casos anteriores de mayor gravedad, como la denuncia de la UIF por los millonarios fondos de Banda del Río Salí.

“El control debería darse en todos, y lo único que el gobierno nos respondió en aquel momento cuando se lo interrogó por el tema del desvío de fondos y esos cheques voladores que se cobraban por caja, es que se trataba de un carpetazo", recordó Fontán, quien abogó por una ley de acceso a la información pública y mayor transparencia.

Fontán insistió en que “el procedimiento correcto habría sido la denuncia ante la Justicia y permitir que el Concejo Deliberante suspendiera al intendente y designara a su presidenta como interina, para luego, si faltaban más de dos años para el fin del mandato, convocar a nuevas elecciones”. La constitucionalista planteó que "eso está previsto en la Constitución, está previsto en la ley”.

No obstante, admitió: “Lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a vivir dentro de las instituciones y parece que los atajos son lo más conveniente, pero a la larga vemos que los atajos no traen ninguna respuesta para el ciudadano".

Para la abogada, la intervención de Alberdi es un "juego de poder donde alguien demuestra tener más poder que el otro".

La autonomía municipal

Finalmente, Fontán abordó el argumento del Gobernador de intervenir el Concejo para que las disposiciones del interventor designado, Guillermo Norri, no tuvieran que ser sometidas a su aprobación en este período de normalización institucional. "El interventor depende directamente del Ejecutivo y esto quiere decir que el control de sus actos lo va a hacer el gobernador pura y exclusivamente”, criticó.

En la misma línea, la constitucionalista tucumana dijo que en Alberdi “tenemos un interventor directamente controlado y exclusivamente por el gobernador”. Fontán recordó que “eso no es lo que quiere la Constitución, que establece que los municipios son independientes en el manejo de sus fondos e independientes en el uso de sus recursos, algo que se ve afectado por la intervención”. Y remarcó: “Acá nos encontramos que todo va a depender exclusivamente de una sola persona, que es el interventor y que solo va a responder ante el Ejecutivo provincial, lo que atenta contra la autonomía municipal”.