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SESIÓN DE LA CÁMARA

Desde las bancas apuntaron contra los "villanos" de AETAT por presionar al PE y "tener de rehén" a los tucumanos en medio de sus causas judiciales

En una sesión de alto voltaje, el oficialismo logró prorrogar por dos años la emergencia en el transporte público, mientras la oposición denunció el fracaso de un sistema sostenido por subsidios millonarios y cuestionó duramente a una patronal empresaria envuelta en una polémica por presuntas estafas.

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Gabriel ToledoTendencia de noticias
30 abr, 2026 08:57 p. m. Actualizado: 30 abr, 2026 09:02 p. m. AR
Desde las bancas apuntaron contra los "villanos" de AETAT por presionar al PE y "tener de rehén" a los tucumanos en medio de sus causas judiciales

El debate en la Legislatura de Tucumán alcanzó niveles de tensión muy elevados durante el tratamiento de la prórroga de la emergencia en el transporte público de pasajeros hasta mayo de 2028. Las bancas opositoras lanzaron una ofensiva coordinada contra la política de subsidios del Poder Ejecutivo, argumentando que el esquema actual solo sirve para financiar un "sistema quebrado" que quedó obsoleto frente al avance de las aplicaciones digitales y los nuevos hábitos de movilidad. En el centro de las críticas se ubicó la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), cuyos directivos fueron tildados de "villanos" que mantienen a la sociedad como "rehén" para presionar por más fondos públicos, todo esto en el marco de una reciente investigación judicial por administración fraudulenta que incluyó el allanamiento de su sede central.


En el marco del debate, la posibilidad de convocar a una licitación nacional fue mencionada de manera recurrente como el "ultimátum" del Poder Ejecutivo ante la falta de mejoras en el servicio.


Como miembro informante y titular de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte, Tulio Caponio (PJ) defendió la necesidad de la prórroga como una herramienta de gobernabilidad para evitar el colapso total de la provincia. “Este proyecto es el brazo ejecutor que tiene el Poder Ejecutivo para poder transferir subsidios provinciales a las empresas de transporte. Porque cuando el transporte público no funciona, la provincia se para o el país se para”, sostuvo el legislador.


Caponio justificó la intervención provincial ante la ausencia de fondos nacionales, señalando una asimetría crítica: “En el AMBA hay 14 millones de habitantes que reciben 190.000 millones de pesos. Tucumán recibe cero aporte de la Nación para el transporte público. Parece que los del interior somos ciudadanos de segunda”. Bajo esta premisa, el proyecto enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo busca sostener las fuentes de trabajo y la conectividad mediante compensaciones mensuales que hoy ascienden a los 9.000 millones de pesos.


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Tulio Caponio.


Sin embargo, este "auxilio financiero" se produce en el momento de mayor debilidad institucional de AETAT. Recientemente, la sede de la entidad fue allanada por orden de la Fiscalía N°2 tras una denuncia del empresario Sergio Gómez Sansone, quien acusa a la conducción (Daniel Orell, Jorge Berretta y Luis García) de estafa y administración fraudulenta. La denuncia sostiene que AETAT maneja discretamente los fondos públicos con una supuesta "doble contabilidad" y falsificación de firmas en cheques que nunca habrían llegado a sus destinatarios.


Este escenario judicial fue combustible para el discurso de la oposición. Manuel Courel (Cambia Tucumán) fue tajante al referirse a la entidad: “Estamos subsidiándole, estamos dándole más plata a gente que está siendo investigada por la justicia. Una asociación ilícita es en cierta forma AETAT”. En la misma línea, Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) calificó a la entidad como una organización "oscura" y cuestionó la falta de transparencia: “AETAT es una asociación que no puede ser más oscura, tienen doble contabilidad, que en los balances no aparecen el tema de los subsidios. Parece que hay algunos empresarios que son más iguales que otros”.


El legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) recurrió a una analogía cinematográfica para describir la relación entre el Estado y los empresarios: “Tenemos una hipótesis de la toma de rehenes; los villanos, que en este caso son los empresarios de transporte; los rehenes, que es el público; y un negociador que es el Gobierno... el negociador cede y el empresario lo vuelve a poner en peligro. Esta serie de Netflix ya lleva ocho temporadas”. Viña subrayó que, mientras los insumos subieron por debajo de la inflación, el boleto pedido por AETAT representa un aumento del 2000% desde julio de 2023.


Negativa oficial


Por su parte, su compañero de banca Walter Berarducci aportó datos sobre el declive irreversible del servicio tradicional frente a la competencia digital. “La movilidad social ha mutado y nosotros seguimos inyectando dinero a un sistema diseñado para hace 40 años. De 55 millones de boletos en 2019 bajamos a 25 millones a marzo de este año. Hay un abandono del servicio por parte del usuario”, explicó, mencionando el auge de Uber, Didi y Cabify como opciones preferidas por los tucumanos ante la falta de frecuencia y calidad de los ómnibus.


El parlamentario planteó, mediante una moción, la incorporación de un artículo para designar a la Comisión de Obras y Servicios Públicos como una “Comisión Especial de seguimiento y Control de la efectiva aplicación de los fondos otorgados en concepto de subsidio o compensaciones”. Berarducci pretendía que dicha comisión estuviera investida de facultades para requerir al Poder Ejecutivo, a AETAT y a las empresas prestatarias “toda la información y documentación pertinente que permita verificar la correcta distribución y destino de los fondos de todos los tucumanos”, así como el cumplimiento de la preservación de las fuentes de trabajo.


Ante ello, Caponio no dio lugar a la incorporación del artículo en el texto de la ley, al sostener que lo imperativo era aprobar la prórroga tal como fue enviada. Ante las críticas al sistema, el peronista se limitó a invitar a los legisladores a trabajar a futuro: “Muchos hablan de que el sistema no da más, que arrimen los proyectos... porque vamos a empezar a trabajar en la comisión con un nuevo proyecto”.


Varios parlamentarios de la oposición enfatizaron la necesidad de eliminar la intermediación de AETAT y realizar la transferencia de subsidios de manera directa a las empresas prestatarias para garantizar transparencia.


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José Seleme.


Las críticas también se centraron en el método de reparto de los subsidios, que se realiza según la cantidad de empleados (oferta) y no por pasajero transportado (demanda). José Seleme (Avanza Tucumán) calificó la gestión como un "barril sin fondo". Señaló que, entre los años 2025 y 2026, se destinó una cifra multimillonaria a las empresas nucleadas en la cámara empresarial:“107.000 millones de pesos tirados a la basura en el barril sin fondo de los amigos de AETAT, es una vergüenza. El señor gobernador tiene que decidir a qué sector de la sociedad quiere subsidiar; al bolsillo del ciudadano tiene que ir ese subsidio”. Finalmente, Seleme remarcó que a esos 107.000 millones se le deben sumar los 100 colectivos que el Estado le entregó a los empresarios, sobre los cuales denunció un "silencio total" de los funcionarios respecto a cómo se están pagando o descontando de los subsidios.


Finalmente, José Cano (Radicalismo Federal) denunció un "modus operandi" de concentración monopólica y fraude laboral, advirtiendo que “no vamos a resolver nada hoy prorrogando o dándole facultades al Ejecutivo para que se siga subsidiando una actividad que deja muchísimo que desear”. Cano solicitó que el Estado tenga una injerencia real en los números de las empresas para controlar el destino de los fondos públicos.


El cierre del debate estuvo a cargo de Roque Tobías Álvarez, titular de la bancada oficialista, quien reconoció las deficiencias pero ratificó el rumbo ante la emergencia. “No hay duda que hay un déficit importante en cuanto a la prestación del servicio. El gobernador sabe perfectamente que venimos de un parque automotor bastante deteriorado”, admitió Álvarez.


No obstante, lanzó una advertencia final a los empresarios de AETAT, dejando la puerta abierta a un cambio radical de prestadores: “El Gobernador anticipó la posible convocatoria de la licitación nacional si no se registran mejoras en el corto plazo. Lo haremos con estos empresarios o con los que estén dispuestos a mejorar la calidad del servicio. Ojalá que la ficha limpia también esté para todos aquellos que reciben subsidio del Estado Nacional año tras año”, sostuvo en razón del proyecto que había aprobado horas antes por unanimidad el cuerpo. Con la sanción de la ley, el Gobierno tucumano gana tiempo, pero bajo la promesa de que el sistema actual, tal como se lo conoce, tendría los días contados.

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