Con una carta abierta, ambientalistas presionan a diputados tucumanos antes del debate por la ley de glaciares

En la antesala de un debate clave en la Cámara de Diputados, organizaciones ambientalistas redoblaron la presión sobre la dirigencia tucumana con la difusión de una carta abierta dirigida al gobernador y a los legisladores del bloque Independencia. El texto, respaldado por unas 500 firmas individuales y colectivas, reclama definiciones públicas y anticipa posibles acciones si avanza el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado.

La misiva, firmada por la Red Federal de Acción Colectiva en Defensa de los Glaciares –filial Tucumán–, plantea que el rol del Estado no puede limitarse a la administración de recursos económicos. “Les recordamos que la provisión de recursos económicos no es la única función del gobierno”, sostiene el documento, que pone el foco en la responsabilidad política y ética de los funcionarios frente a una discusión considerada estratégica en materia ambiental.

En ese sentido, los firmantes exigen que los diputados Javier Noguera, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla expliciten antes de la votación el sentido de su voto y los fundamentos científicos en los que se basan. El planteo apunta a transparentar el proceso legislativo y a incorporar el debate técnico en una discusión que, aseguran, tendrá impacto directo sobre la protección de los glaciares.

El documento también incluye una advertencia dirigida a los legisladores: señala que podrían enfrentar responsabilidades civiles y penales por las decisiones que adopten en el recinto. En esa línea, anticipa que, en caso de aprobarse la iniciativa, se impulsarán acciones para exigir la implementación de políticas públicas alineadas con los estándares científicos vigentes.

“Si esta ley se aprueba, al día siguiente todas las fuerzas de la marea estarán dirigidas a los ministerios, secretarías y a cada diputado en forma personal”, advierte el texto, en referencia a futuras medidas de presión y seguimiento sobre la gestión pública.

La carta se inscribe en una serie de pronunciamientos que distintas organizaciones vienen realizando en las últimas semanas, en medio de un clima de creciente tensión por el tratamiento del proyecto. Desde el espacio ambientalista sostienen que la discusión no solo involucra aspectos legales, sino también el cumplimiento de criterios técnicos establecidos por organismos especializados como el IANIGLA.