Comienzo de paritarias en Tucumán bajo la sombra del conflicto nacional: Las clases no iniciarán el 2 de marzo

En una jornada marcada por la complejidad del contexto económico, el Gobierno de Tucumán dio inicio formal a las negociaciones paritarias con el arco gremial que representa a los trabajadores del Estado. Los encuentros, encabezados por los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación) y Daniel Abad (Economía y Producción), funcionaron como una instancia de exposición de demandas sin que se pusieran sobre la mesa ofertas numéricas oficiales. El foco de atención estuvo puesto en el sector educativo, donde la tensión es doble: por un lado, la discusión por el desfasaje salarial respecto a la inflación y, por el otro, la confirmación de que las clases no comenzarán el lunes 2 de marzo debido a la adhesión de ATEP al paro nacional de CTERA.

La reunión con el Frente Gremial Docente (integrado por ATEP, APEMyS, AMET y UDT) dejó en claro que la distancia entre las partes no es solo económica, sino también técnica. Hugo Brito, secretario general de ATEP, sostuvo una discrepancia fundamental sobre la vigencia del acuerdo anterior: mientras el Ejecutivo afirma que el convenio previo cubría hasta diciembre del año pasado, los representantes de los trabajadores aseguran que el compromiso solo llegó hasta octubre de 2025.

Más allá que haya acuerdo salarial, las clases en escuelas públicas no comenzarán el 2 de marzo.

Brito fue tajante al describir la situación del sector, denunciando una pérdida sistemática de derechos y un deterioro del poder adquisitivo. Por su parte, Daniel Vizcarra (UDT) subrayó que el objetivo primordial es equiparar los haberes con el costo de la Canasta Básica, señalando que muchos docentes y familias de alumnos atraviesan una crisis profunda marcada por la precariedad y el temor a los despidos.

Pese a que el diálogo continuará la próxima semana, el inicio del ciclo lectivo ya tiene un obstáculo insalvable. Brito ratificó que, independientemente de lo que se acuerde a nivel provincial, el 2 de marzo Tucumán se sumará a la medida de fuerza nacional contra la reforma laboral. De este modo, el regreso a las aulas se postergaría, en principio, para el martes 3 de marzo.

Convocatoria amplia a los sectores estatales

Más allá del conflicto educativo, la Casa de Gobierno se convirtió en el epicentro de un desfile de dirigentes de diversas áreas, en lo que representa el octavo proceso de recomposición salarial bajo la actual gestión provincial. El equipo gubernamental, que incluyó al secretario de Acción Política, Daniel García, recibió a referentes de:

• UPCN: Javier Rodríguez (en representación de Lucinda Espeche) valoró el espacio de diálogo abierto y la oportunidad de exponer las necesidades de los empleados civiles.

• ATE: Jorge Flores presentó un petitorio formal con reclamos generales y específicos, esperando una respuesta concreta para la semana entrante.

• Frente de Gremios Estatales y Municipales: Enzo Alarcón destacó que el Gobierno "tomó nota" de una serie de puntos que exceden lo salarial y tocan condiciones laborales transversales.

• Unión de Gremios Estatales: Andrés Jaime calificó el encuentro como una etapa necesaria de diagnóstico para avanzar en los días sucesivos.

El escenario económico y los próximos pasos

Desde el Poder Ejecutivo se insistió en que cualquier oferta final dependerá del análisis técnico que realicen las carteras de Economía y Gobierno, bajo la supervisión directa del gobernador Osvaldo Jaldo. La premisa oficial es mantener un proceso "ordenado y responsable" que no comprometa las arcas provinciales, mientras que desde los sindicatos se advierte que el piso de cualquier negociación debe ser el índice inflacionario medido por el INDEC, con un incremento pretendido que ronde el 25%, de acuerdo a fuentes gremiales, algo que el gobierno descarta de plano.

Las mesas de diálogo se retomarán la semana próxima, buscando destrabar un escenario donde la paz social y la normalidad educativa dependen de un delicado equilibrio entre las posibilidades financieras del Estado y la urgencia de los bolsillos de los trabajadores.