¿Un Defensor del Pueblo o un delegado del Ejecutivo?: El proyecto de ley que busca frenar el avance del poder de turno sobre el organismo

Una propuesta de reforma legislativa en la provincia de Tucumán busca fortalecer la independencia del Defensor del Pueblo mediante el endurecimiento de sus incompatibilidades políticas. El texto argumenta que, para garantizar una verdadera protección de los derechos humanos frente a posibles abusos estatales, el titular de esta institución no debe haber ocupado cargos públicos ni haber tenido afiliación partidaria vinculada al Poder Ejecutivo en los años previos a su nombramiento. A través de una modificación del Artículo 8° de la Ley 6644, se busca evitar que figuras políticas cercanas al gobierno de turno asuman el rol de Ombudsman, asegurando así que el organismo funcione con la autonomía funcional y la neutralidad necesarias para supervisar la administración pública de manera objetiva. En esencia, el proyecto impulsado por el legislador Claudio Viña (Compromiso por Tucumán - foto inferior) persigue dotar de credibilidad institucional a la Defensoría, transformándola en un contrapeso real que defienda al ciudadano común sin conflictos de interés ideológicos.

La iniciativa surge en un momento de alta tensión política, coincidiendo con el cierre del proceso de impugnaciones este viernes para los 46 candidatos inscriptos que aspiran al cargo. La atención pública y legislativa se centra especialmente en la postulación del ex diputado Agustín Fernández, quien contaría con el respaldo del gobernador Osvaldo Jaldo para presidir la Defensoría. Esta jugada política del Poder Ejecutivo incluso desplazaría al actual Ombudsman, Eduardo Cobos, quien a pesar de su extracción peronista no contaría con el favor oficial para renovar su mandato. Ante esta posibilidad, Viña advierte en sus fundamentos que “la historia reciente nos demuestra que este requisito (de independencia), lamentablemente, nunca fue respetado ni tenido en cuenta”, señalando que los últimos defensores fueron legisladores o funcionarios con cargos partidarios dentro del espacio del Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley propone una redacción estricta para el Artículo 8°, al establecer que el cargo tendrá las mismas incompatibilidades que la Magistratura Judicial y prohibiendo expresamente la afiliación partidaria. La reforma clave estipula que “será asimismo incompatible el haber desempeñado cargos públicos, electivos u obtenidos mediante designación o nombramiento, que respondan al mismo espacio político, frente o partido que conduzca el Poder Ejecutivo provincial en los dos años calendarios anteriores al momento de la fecha de asunción al cargo”. Con esto, se busca impedir que actores políticos salten directamente desde las filas del oficialismo a un órgano de control que debe actuar con “conciencia y sano juicio, respetando y haciendo cumplir la Ley” sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

En una crítica directa al sistema de designación actual, Viña sostiene que parece existir un “número puesto” para el próximo periodo y que la institucionalidad requiere un cambio urgente. El legislador es categórico al afirmar que “diputados obedientes, legisladores que militan, que defienden a rajatabla la gestión de gobierno no pueden de la noche a la mañana, ponerse la camiseta de Defensor del Pueblo para jugar para el equipo del ciudadano y marcar de cerca al Gobernador, a quien, hasta hace horas, e históricamente, respondían ciegamente”. La propuesta busca, en última instancia, devolverle a la Defensoría su rol de institución esencial para la garantía de los derechos humanos frente a la arbitrariedad administrativa, alejándola de la influencia del poder político de turno.