Casa Rosada busca un acuerdo con las universidades para el Presupuesto 2027 y desactivar el conflicto

El Gobierno de la Nación busca alcanzar un acuerdo con las universidades públicas, para resolver el conflicto por el financiamiento y avanzar con el Presupuesto 2027.

Luego de las tensiones generadas por los cambios en la política de discapacidad y las dificultades para reunir apoyos legislativos, Casa Rosada apunta a negociar una salida que reduzca la disputa judicial y evite nuevas movilizaciones durante los próximos meses.

La estrategia oficial contempla dos alternativas: incrementar las partidas destinadas al sistema universitario o modificar el régimen de contribuciones patronales, que pagan determinadas instituciones. Ambas opciones están bajo análisis y, por el momento, no existe una propuesta definitiva.

El objetivo es acercar posiciones con las autoridades universitarias, conseguir respaldo parlamentario y evitar que el conflicto por el financiamiento se extienda hasta el próximo año electoral.

La diferencia de fondos entre el Gobierno y las universidades

Uno de los principales puntos de discusión es la distancia entre los recursos contemplados en el proyecto presupuestario oficial y las necesidades planteadas por las autoridades universitarias.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé alrededor de $ 7,7 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama cerca de $ 11 billones para garantizar el funcionamiento del sistema. La diferencia asciende a aproximadamente $ 3,3 billones.

Desde el Gobierno descartan aceptar automáticamente el monto solicitado por los rectores y buscan acordar una cifra intermedia que permita atender parte de los reclamos sin comprometer las cuentas públicas.

La segunda alternativa contempla cambios en el régimen previsional de determinadas universidades, con el propósito de aliviar parte de sus costos salariales y patronales sin cubrir toda la diferencia mediante transferencias presupuestarias.

El esquema vigente establece una convergencia progresiva de las contribuciones patronales hacia las alícuotas generales. Para las instituciones alcanzadas por ese régimen, la tasa correspondiente a los subsistemas previsionales incluidos pasa del 13,65% en 2026 al 14,52% en 2027. El Ejecutivo analiza posibles modificaciones, aunque todavía no definió porcentajes ni el instrumento normativo que utilizaría.

La disputa judicial

La negociación también está atravesada por el conflicto judicial relacionado con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de recomposición salarial y actualización de los recursos destinados a las universidades.

El Gobierno cuestiona el impacto fiscal de la norma y busca impulsar modificaciones que permitan reemplazar parte de sus disposiciones por un esquema acordado con las autoridades universitarias y respaldado por el Congreso.

El frente judicial continúa siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar una solución definitiva. El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una disposición del decreto reglamentario que condicionaba la aplicación de la ley a la identificación de fuentes de financiamiento. El Ejecutivo apeló esa decisión.

Durante octubre, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó nuevas apelaciones del Gobierno y dejó provisoriamente en suspenso las multas diarias de $100.000 que pesaban sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Sin embargo, esas decisiones no resolvieron la controversia de fondo ni determinaron definitivamente si el Estado cumplió con las obligaciones establecidas judicialmente.

En Casa Rosada consideran que un acuerdo político podría contribuir a encauzar la disputa, aunque una eventual negociación no dejaría sin efecto automáticamente las resoluciones judiciales vigentes.