Allanaron la sede de AETAT por una denuncia por presunta estafa y administración fraudulenta

La sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), ubicada en calle San Juan al 1.300, fue allanada este viernes al mediodía en el marco de una investigación judicial por presunta estafa y administración fraudulenta que pone bajo la lupa a la conducción de la entidad que nuclea a los dueños de las empresas de colectivos de la provincia.

El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía N°2, especializada en delitos de ciberestafa y administración fraudulenta, y se realizó cerca de las 11, cuando efectivos policiales y personal judicial ingresaron al edificio para secuestrar documentación vinculada a la causa.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario del transporte interurbano Sergio Gómez Sansone, titular de la línea 8 y de la empresa San Pedro de Colalao, quien mantiene una larga enemistad con la conducción de la entidad. La acusación apunta contra el presidente de AETAT, Daniel Orell; el vicepresidente de la entidad, Jorge Berretta; y el dirigente Luis García.

En su presentación ante la Justicia, el empresario sostiene que los directivos de la asociación habrían cometido irregularidades en el manejo de fondos y en la emisión de cheques destinados a empresas del sector. “Los Sres. Jorge Berretta, Daniel Orell y Luis García, miembros directivos de la Asociación de Transporte del Automotor, han cometido irregularidades en la emisión de cheques cuyos beneficiarios fueron empresas asociadas, incluyendo la mía”, afirma el denunciante en el escrito presentado ante la Fiscalía.

Según la denuncia, a la que Tendencia de Noticias tuvo acceso, una parte de esos cheques nunca habría sido entregada a sus destinatarios. “Hay una enorme cantidad de cheques, emitidos por AETAT, que nunca fueron entregados a mi persona, lo cual constituye una grave falta a la confianza depositada en la Asociación y podría configurar delitos de estafa y administración fraudulenta”, señala el documento.

Gómez Sansone (foto inferior) también sostiene que detectó presuntas irregularidades aún más graves en algunos de esos documentos. “He detectado que algunos de estos cheques presentaban la falsificación de la firma de mis empresas, lo cual constituye un delito grave y evidencia una manipulación de los fondos de la Asociación”, agrega.

La denuncia también pone el foco en el manejo de los recursos que administra la entidad empresaria del transporte. Según el escrito, AETAT distribuye entre las compañías del sector una suma mensual millonaria proveniente de distintos fondos vinculados al sistema.

“Cumplo en informar al Sr. Fiscal que AETAT maneja y dispone mensualmente una suma superior a $8.500.000.000 para distribuir entre las empresas prestatarias del servicio”, sostiene el denunciante. Sin embargo, advierte que los criterios de reparto de esos recursos no serían transparentes. “Los mismos no son públicos y quedan a criterio discrecional y arbitrario de los Sres. Berreta, Orell y García”, señala el documento.

El empresario también cuestiona la falta de información sobre la distribución de esos fondos entre las distintas compañías del sistema. “He solicitado a la Asociación en diferentes oportunidades que se me informe el criterio de distribución de estos fondos públicos y los montos mensuales destinados a cada empresa, lo que debiera ser de conocimiento de todos los empresarios”, afirma.

En otro tramo de la denuncia, Gómez Sansone sostiene que existirían inconsistencias en los balances de la entidad. “En el Balance Anual se oculta la información del importe recibido, ya que como mínimo reciben ocho mil quinientos millones de pesos al mes, lo que sumaría cien mil millones de pesos al año, y estas sumas en el balance que se adjunta son inexistentes”, señala el escrito.

Según el denunciante, esta situación podría evidenciar “una doble contabilidad que conforma esta asociación ilícita”.

Además, el empresario cuestiona un intento de avanzar con un contrato para implementar el sistema de boleto electrónico en el transporte interurbano. En ese sentido, sostiene que desde la conducción de la entidad se buscó imponer la firma de ese acuerdo con carácter de urgencia.

“Se pretendió la firma de un contrato para la implementación del boleto electrónico en el que Daniel Orell y Jorge Berretta manifiestan extrema urgencia”, indica el documento, al tiempo que cuestiona los argumentos utilizados para impulsar esa iniciativa.

También sostiene que las empresas rurales del sector ya habrían realizado inversiones importantes para implementar un sistema alternativo. “Las empresas rurales ya tienen invertido un millón de dólares y podrían tener un sistema de gestión propietario sin intermediarios que presentan costos significativamente menores y mayor eficiencia”, afirma.

Por último, el denunciante sostiene que todos estos hechos configurarían el delito de asociación ilícita, al entender que existiría una organización destinada a cometer irregularidades de manera sostenida. “Todas estas situaciones configuran el delito de asociación ilícita”, afirma el escrito, en el que se argumenta que se cumplen los tres requisitos básicos previstos por la legislación: pluralidad de personas, permanencia en el tiempo y un propósito delictivo indeterminado.

A partir de esta denuncia, la Fiscalía ordenó las primeras medidas de investigación, entre ellas el allanamiento de la sede de la entidad empresaria para secuestrar documentación que permita avanzar con el análisis de los movimientos administrativos y financieros vinculados a la causa.