
Tras el allanamiento realizado en la sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), la conducción de la entidad salió a rechazar de manera contundente las acusaciones que dieron origen a la investigación judicial y atribuyó la denuncia a un intento de “desestabilizar” a la institución.
El vicepresidente de la entidad empresaria, Jorge Berretta, calificó la presentación judicial como “falsa, maliciosa y con claras intenciones políticas”, en referencia a la denuncia presentada por el empresario Sergio Gómez Sansone, que motivó el procedimiento realizado por orden de la Fiscalía.
El dirigente confirmó que la causa está vinculada a cuestionamientos sobre la distribución de compensaciones tarifarias y a aspectos administrativos del sistema de transporte, aunque evitó dar detalles del expediente. “Técnicamente no puedo detallar el expediente, pero sí que hubo un allanamiento por una denuncia que, tal cual dicen ustedes, es falsa”, afirmó.
En ese sentido, Berretta aseguró que desde la conducción de AETAT se dispuso plena colaboración con la investigación judicial. “Los empleados tienen la orden de ponerse a disposición y facilitar todo lo que se requiera. No hay ningún cuestionamiento de nuestra parte”, remarcó.
El dirigente defendió además el mecanismo de distribución de los fondos que reciben las empresas del sistema, al sostener que se trata de un esquema regulado y conocido por todo el sector. Según explicó, las compensaciones tarifarias “se distribuyen según lo establece la ley y están a la vista de todas las empresas mensualmente”, en base a parámetros objetivos como la cantidad de trabajadores registrados por cada firma.
En esa línea, planteó que una eventual irregularidad no podría circunscribirse a una sola compañía del sistema. “Si hubiera alguna defraudación o estafa, involucraría a todas las empresas. Sin embargo, la única que tiene problemas es la que representa a Gómez Sansone”, afirmó.
Berretta también puso el foco en otro elemento que, a su entender, debilita la acusación: el último balance de la institución. Según recordó, el documento contable fue aprobado incluso por el propio denunciante. “Hay mucho de falsedad, de malicia y de mentira. No me voy a quedar callado”, sostuvo.
El dirigente vinculó además la denuncia con disputas internas dentro del sector del transporte y con posibles intereses políticos. “Esto es obra de alguien con intenciones de desestabilizar a una institución con más de 60 años”, expresó.
Finalmente, desde la conducción de AETAT insistieron en que la entidad continuará colaborando con la Justicia mientras avanza la investigación. “Estamos a derecho y a total disposición de la Justicia para que se esclarezca la situación”, concluyó Berretta.
La denuncia
La denuncia que dio origen a la causa sostiene que existirían presuntas irregularidades en la administración de los fondos que maneja la entidad empresaria del transporte.
En su presentación judicial, el empresario Gómez Sansone afirmó que desde la conducción de AETAT se habrían cometido “irregularidades en la emisión de cheques cuyos beneficiarios fueron empresas asociadas”, y advirtió que “hay una enorme cantidad de cheques emitidos por AETAT que nunca fueron entregados”, lo que —según planteó— podría configurar delitos de estafa y administración fraudulenta.
Además, el denunciante sostiene que la asociación maneja recursos millonarios vinculados al sistema de transporte y cuestiona los criterios de distribución de esos fondos entre las empresas del sector.