Tucumán se posiciona entre las provincias con menor conflictividad y costos por juicios laborales en el país

El mapa de la litigiosidad laboral en Argentina durante 2025 reveló una profunda brecha federal, donde Tucumán sobresale como una de las jurisdicciones con "bajo" nivel de riesgo y una de las estructuras judiciales más equilibradas del territorio nacional. Mientras el sistema a nivel país debió afrontar un sobrecosto total de USD 2.140 millones derivado de 127.700 juicios, la realidad tucumana muestra indicadores de notable estabilidad.

Nuestra provincia registra uno de los niveles más bajos de sobrecostos laborales, medidos en apenas USD 3,3 millones, una cifra ínfima si se compara con los USD 892 millones que debe absorber la provincia de Buenos Aires. Asimismo, Tucumán presenta uno de los menores índices de "composición de judicialidad" del país, lo que implica una incidencia mínima de juicios especulativos —aquellos que terminan sin incapacidad o son rechazados—, marcando una diferencia sustancial con la región del NOA, donde Jujuy, por ejemplo, registra un índice de judicialidad de 238 frente a los escasos 25,8 de Tucumán.

El informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) pone el foco en la calidad de los litigios bajo la premisa de que, “si se incorpora la composición de la judicialidad (rechazos + 0% de incapacidad + no denunciados) al nivel de riesgo, el análisis se enriquece porque no solo muestra dónde hay más juicios, sino también qué tan 'sanos' o 'distorsionados' son dichos juicios”. En este sentido, Tucumán se aleja de la tendencia de los grandes centros urbanos, donde la presencia de demandas sin sustento real es abrumadora.

En contraposición a la "salud" del sistema tucumano, la SRT advirtió que “varias jurisdicciones de riesgo alto presentan además valores muy elevados de composición, lo que sugiere una fuerte presencia de juicios especulativos”, citando casos críticos como Mendoza (92,9%), Santa Fe (92,6%), CABA (90%) y Buenos Aires (88%). Incluso en provincias con baja cantidad de pleitos, como Catamarca o Corrientes, se han detectado altos porcentajes de casos con posible componente especulativo.

Disparidades regionales y el peso del AMBA

A nivel nacional, la litigiosidad se encuentra altamente concentrada en las áreas de mayor actividad económica. Los distritos calificados de "alto riesgo" nuclean al 70,6% de los empleados formales y al 71,2% de la totalidad de las demandas. En términos absolutos, Buenos Aires lidera el ranking con 49.100 presentaciones, seguida por CABA con 25.061 y Santa Fe con 18.324.

El impacto económico por trabajador también muestra anomalías extremas en otras regiones. En Cuyo, San Luis se presenta como el caso más atípico del país, registrando un sobrecosto por trabajador de USD 837, una cifra que pulveriza los promedios de San Juan (USD 65) o Mendoza (USD 360). En la Patagonia, Chubut duplica en judicialidad a Neuquén y supera ampliamente a Río Negro, evidenciando comportamientos dispares en zonas geográficas similares.

Hacia la modernización del sistema

Para mitigar este impacto, que equivale a la masa salarial anual de 154.000 trabajadores argentinos, la SRT insiste en que la solución definitiva reside en la “aplicar la normativa vigente”. El organismo subraya la importancia de la Ley 27.348, que exige la conformación de Cuerpos Médicos Forenses en cada provincia con profesionales cuyos honorarios no dependan del resultado del pleito. Finalmente, se destaca que la reciente Ley 27.802 de modernización laboral otorga nuevas facultades y plazos a la Superintendencia para acelerar la implementación de estos mecanismos de control y reducir la carga económica que la industria y el empleo deben soportar actualmente.