El Gobierno echó a un docente acusado de abuso sexual contra un alumno en una escuela de El Manantial

El Gobierno de Tucumán dispuso la expulsión definitiva de un docente acusado de abuso sexual contra un alumno de una escuela pública de El Manantial, luego de concluir una investigación administrativa iniciada en el ámbito del Ministerio de Educación.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 689/5, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual se resolvió clausurar el sumario administrativo y aplicar la sanción máxima prevista en el Estatuto del Docente al profesor Jorge David Perea, quien se desempeñaba en el sistema educativo provincial.

Además de ser echado del cargo, se le prohibió volver a ejercer la docencia, mientras que las actuaciones fueron giradas a la Justicia para avanzar en la causa penal correspondiente.

Según se detalla en los considerandos del decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, la investigación se originó a partir de una intervención de la supervisión docente de la Zona N° 7, tras la denuncia realizada por la madre de un alumno de primer grado de la Escuela “Juan Crisóstomo Álvarez” de El Manantial. La mujer manifestó que su hijo le había relatado que, durante el ciclo lectivo 2019, el docente lo sentó sobre sus piernas y le tocó sus partes íntimas, situación que provocó que el niño se negara a continuar asistiendo al establecimiento.

A partir de esa denuncia se dispuso la apertura de una investigación administrativa, que incluyó la declaración del docente en carácter de imputado, testimonios de testigos y la incorporación de distintas pruebas documentales.

En la conclusión del sumario, los instructores consideraron acreditada la violación de los deberes establecidos en el Estatuto del Docente, particularmente los vinculados a desempeñar la función con dignidad, lealtad y una conducta moral acorde con la tarea educativa.

El informe también señaló que los hechos investigados configuran un abuso sexual consistente en el tocamiento de las partes íntimas de un alumno dentro del ámbito escolar, lo que implica una grave afectación a la integridad y los derechos del menor bajo la responsabilidad del docente.

“Los hechos investigados configuran una conducta que vulnera de manera directa la dignidad y los derechos de los estudiantes, en un ámbito donde debería primar la protección, contención y estímulo para el desarrollo integral de los niños”, se señala en el decreto.

Además, durante el proceso el docente presentó material fotográfico en el que se identificaba a niños, sin acreditar autorización para su captación o difusión, lo que fue considerado por la investigación como una conducta contraria a los deberes de cuidado y responsabilidad propios de la función docente.

Con base en esas conclusiones, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar la sanción de exoneración (despido), prevista en el artículo 56 del Estatuto del Docente, al considerar que el agente incurrió en faltas de extrema gravedad.

La medida también establece que se comunique la sanción a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, con el objetivo de que se registre el antecedente y se impida su ingreso al sistema educativo provincial, tanto en cargos titulares como interinos o suplentes.

Antecedentes recientes

Este caso no es un hecho aislado dentro del sistema educativo provincial. En los últimos meses el Gobierno de Tucumán dispuso sanciones similares contra distintos educadores denunciados por alumnos o por sus familias.

La semana pasada, Tendencia de Noticias informó sobre la expulsión del sistema del docente Juan Carlos Zerrizuela, acusado de acoso sexual contra cinco alumnas de un mismo curso, luego de una investigación administrativa que concluyó que incurrió en conductas “reiteradas, inaceptables e inapropiadas” en el ejercicio de su función.

Entre otros antecedentes recientes, también figura el despido del docente Ignacio Eduardo Del Olmo, quien fue apartado del sistema educativo tras comprobarse que mantenía conversaciones por WhatsApp consideradas inapropiadas con una alumna menor de edad. En esa misma línea, también se registraron casos anteriores como el del docente Adrián Alberto Abregú, condenado por abuso sexual contra una alumna de primaria, y el del preceptor Miguel Ángel Carrizo, echado tras una condena judicial por hechos similares.

Estas decisiones se inscriben en una política del Ministerio de Educación orientada a aplicar sanciones disciplinarias máximas cuando se comprueban conductas que vulneran la integridad de estudiantes, en línea con las normas de protección de niñas, niños y adolescentes.