PEDIDO DE JURY
Tras el crimen de Agostina Vega, crecen los pedidos de investigación contra funcionarios judiciales y políticos en Córdoba
Diversos bloques parlamentarios se han unido a la iniciativa del diputado nacional Rodrigo de Loredo para solicitar el jury de los magistrados, cuestionando tanto las decisiones procesales previas que permitieron la libertad del principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier, como el proceder en la investigación del reciente crimen ocurrido en la provincia de Córdoba.
El diputado nacional Rodrigo de Loredo formalizó su pedido de jury argumentando que Iván Rodríguez otorgó la libertad a Claudio Gabriel Barrelier en 2025, a pesar de estar acusado por privación ilegítima de la libertad, mientras que solicita que se investigue el desempeño de Raúl Garzón en la instrucción actual del caso. En paralelo, el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda presentó una solicitud para citar a Iván Rodríguez ante la Legislatura por las mismas razones.
La situación política se agravó tras la difusión de un audio donde el concejal Ricardo Moreno admite haber incorporado a Claudio Gabriel Barrelier y a otras 500 personas a la administración municipal. Ante estas declaraciones, Rodrigo de Loredo ha instruido a los concejales de su bloque (UCR) para que impulsen la expulsión de Ricardo Moreno del cuerpo deliberativo, calificando de inaceptable la minimización del riesgo que representaba el sospechoso.
El descontento se extiende a otros sectores de la oposición, ya que el PRO ha iniciado contactos con integrantes del Frente Cívico para coordinar un pedido conjunto de jury contra los fiscales. Por su parte, desde Izquierda Socialista manifestaron su intención de exigir una investigación profunda sobre la conducta del fiscal y solicitaron la remoción del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
Mientras la clase política exige rendición de cuentas, la causa penal espera los resultados preliminares de la autopsia de Agostina Vega, los cuales serán determinantes para avanzar en el proceso judicial. El conjunto de medidas anunciadas refleja una creciente presión institucional hacia los funcionarios intervinientes, en un contexto de conmoción social que atraviesa a toda la provincia ante la gravedad de lo sucedido.
Fuente: Noticias Argentinas (NA)
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