Procesaron a padre e hijo por el avance de un emprendimiento inmobiliario en tierras de la UNT en San Javier

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán procesó sin prisión preventiva a un hombre de 66 años y a su hijo, de 38, en una causa por el avance del emprendimiento inmobiliario denominado "Las Pirámides" sobre terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) dentro del Parque Sierra de San Javier.

La resolución fue dictada por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Agustín Chit, con intervención de la auxiliar fiscal Julia Vitar.

El magistrado consideró acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia procesal, la responsabilidad de Próspero Marcelo Sosa como autor de tres hechos de usurpación mediante despojo, correspondientes a 2019, 2022 y 2024; defraudación por estelionato y daño agravado sobre bienes de uso público.

Su hijo, Marcio Sosa, fue procesado como partícipe secundario de los tres hechos de usurpación y del daño agravado.

Díaz Martínez dispuso además embargos por $500 millones sobre los bienes del principal acusado y por $200 millones sobre los de su hijo. Ambos continuarán en libertad mientras avanza el proceso.

Como antecedente, la resolución señaló que Próspero Sosa registra una condena penal firme del 20 de diciembre de 2024, dictada por el mismo juzgado, a un año de prisión en suspenso y una multa de $30 millones por desobediencia a un funcionario público.

Una cautelar prohibía nuevas construcciones desde 2018

La investigación se remonta a una medida cautelar dictada el 3 de diciembre de 2018 por el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán. La resolución había ordenado suspender construcciones de viviendas, tala de árboles, parquización, apertura de caminos y cualquier otra intervención que pudiera afectar el sector conocido como "Las Pirámides".

Sin embargo, la investigación reconstruyó un crecimiento progresivo del emprendimiento después de aquella prohibición judicial.

En abril de 2019 se constataron 25 viviendas terminadas y otra en construcción. Tres años después fueron detectadas otras 21 viviendas nuevas, además de desmontes de magnitud, tala de árboles, obras en ejecución, maquinarias y materiales.

Ante ese avance, la Fiscalía Federal solicitó una inspección ocular que fue autorizada por la Justicia y realizada el 20 de abril de 2024 por la Unidad Especial de Reconocimiento (UNRE) y la Unidad de Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional, con colaboración de personal de la UNT.

Durante ese procedimiento fueron relevadas 54 viviendas. Posteriormente, un trabajo efectuado por el Departamento de Geodesia y Topografía de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT permitió georreferenciar 70 construcciones.

También se detectaron terrenos delimitados mediante cercos y carteles con inscripciones como "propiedad privada" y "prohibido pasar", algunos identificados con los apellidos de las familias que ocupaban las viviendas.

Según la acusación fiscal, las inspecciones y los vuelos con drones realizados en 2019, 2022 y 2024 permitieron documentar los sucesivos avances sobre el área protegida.

La investigación incorporó además los registros de consumo eléctrico. De acuerdo con esos datos, un suministro registrado a nombre de Sosa pasó de 155 kWh en mayo de 2012 a picos de 8.627 kWh. La fiscalía calculó un incremento del 3.572,25%.

Investigan la comercialización de terrenos

La causa no se limita a la ocupación y construcción sobre los terrenos. Otro de sus ejes está relacionado con la presunta comercialización de lotes dentro del predio de la Universidad.

Según informó este viernes el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Fiscalía incorporó publicaciones realizadas en redes sociales y plataformas digitales, además de recibos y boletos de compraventa atribuidos al principal acusado.

De acuerdo con la investigación, fueron identificados al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios. Al menos 12 de esos instrumentos habrían sido celebrados después del 3 de diciembre de 2018, cuando ya se encontraba vigente la cautelar que impedía continuar con el loteo y la enajenación de fracciones.

La fiscalía señaló que algunos documentos presentaban a Próspero Sosa como poseedor del inmueble desde hacía más de cien años y mencionaban una supuesta sentencia firme que respaldaría su pretensión de adquirir el terreno mediante prescripción adquisitiva o usucapión.

La investigación determinó, sin embargo, que la Dirección Provincial de Catastro había rechazado en 2009 el plano de mensura presentado por el acusado para avanzar con esa pretensión.

El juez sostuvo en el procesamiento que, al momento de los hechos investigados, Sosa no contaba con título ni resolución judicial que le reconociera derechos de dominio o posesión sobre el inmueble.

Según la resolución, la documentación entregada a compradores habría contribuido a generar una apariencia de legitimidad sobre derechos que el imputado no poseía. El magistrado agregó que un sobreseimiento dictado en una causa iniciada en 1998 tampoco reconocía derechos de dominio ni autorizaba el loteo, desmonte o comercialización del terreno.

Qué participación le atribuyeron al hijo

La Justicia también procesó al hijo del principal acusado por considerar que habría colaborado con las actividades desarrolladas en el predio.

Entre los elementos incorporados a la investigación figura un episodio ocurrido en diciembre de 2018, cuando habría impedido el ingreso de personal judicial y de un representante legal de la UNT.

La fiscalía señaló además que durante el allanamiento de abril de 2024 habría amenazado a integrantes de Gendarmería Nacional antes de permitirles ingresar una vez que le exhibieron la orden judicial.

También fueron detectadas publicaciones en las que Marcio Sosa ofrecía lotes en el denominado barrio privado "Las Pirámides".

A ello se sumó su vinculación con la empresa San Javier WIMAC SAS, que brindaba servicio de internet a familias instaladas en el lugar, y transferencias recibidas en su cuenta de Mercado Pago provenientes, según la investigación, de compradores y habitantes del predio.

Para la acusación fiscal, esos elementos permitieron considerar que su intervención excedía un acompañamiento familiar y constituía una colaboración con las actividades atribuidas a su padre.

Uno de los aspectos centrales del expediente es la condición jurídica y ambiental del terreno.

Según la investigación, las tierras donde se desarrolló "Las Pirámides" pertenecen a la Universidad Nacional de Tucumán desde 1948 y son bienes de dominio público.

Posteriormente, mediante la Resolución UNT N° 1030/73, se creó formalmente el Parque Universitario Sierra de San Javier, destinado a educación e interpretación ambiental, investigación científica, preservación de servicios ambientales, turismo y recreación.

Distintas resoluciones universitarias dictadas entre 1974 y 1975 establecieron además restricciones a la explotación agrícola, ganadera, comercial e industrial, la residencia humana y las intervenciones que alteraran el paisaje o el equilibrio del ecosistema.

La condición de dominio público constituye un punto relevante de la causa porque, según sostuvo la acusación, esos bienes se encuentran fuera del comercio y no pueden ser adquiridos por particulares mediante usucapión.

La fiscalía afirmó que las conductas investigadas provocaron no sólo el avance sobre una porción del inmueble universitario, sino también consecuencias sobre el área protegida.

En concreto, atribuyó a los imputados intervenciones vinculadas con desmontes, tala de árboles, apertura de caminos y construcciones.

Para el Ministerio Público Fiscal, la maniobra produjo "no solamente el desapoderamiento progresivo de una porción del inmueble de la Universidad", sino también "la afectación del ambiente, del orden territorial y del destino público del área". Esas intervenciones sustentaron la imputación por daño agravado sobre bienes de uso público.

El estudio sobre el daño ambiental sigue pendiente

Pese al avance de la causa penal, todavía resta determinar técnicamente qué impacto ambiental produjeron las construcciones e intervenciones realizadas en el predio y cuál sería su magnitud.

En octubre de 2024, la Fiscalía Federal pidió autorización para realizar un estudio específico y solicitó la participación de investigadores del Instituto de Ecología Regional (IER) y del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH), dependientes del CONICET NOA Sur.

Los especialistas elaboraron un protocolo de trabajo y calcularon que necesitarían aproximadamente 70 días para completar el análisis.

Sin embargo, de acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el peritaje todavía no fue realizado. El juez remitió la cuestión al Consejo de la Magistratura de la Nación para gestionar las partidas presupuestarias necesarias para cubrir los costos del estudio.

Por lo tanto, aunque el procesamiento incluye el delito de daño agravado y la causa documentó desmontes, tala, apertura de caminos y construcciones dentro del área protegida, la evaluación técnica destinada específicamente a establecer y cuantificar el eventual daño ambiental continúa pendiente.