Presunto homicidio culposo en el Centro de Salud: uno de los médicos imputados podría eludir el juicio

La causa que investiga si cinco médicos del Hospital Centro de Salud participaron de un homicidio por mala praxis médica podría no llegar a juicio nunca. O, por lo menos, uno de los profesionales conseguiría eludir el proceso si la fiscalía que lo acusó presta su conformidad para que acceda a una probation. Si ello ocurre, es probable que los otros cuatro profesionales imputados sigan sus pasos. 

La causa investiga lo ocurrido en ese hospital el 7 de febrero de 2025, cuando Francisco Molina, de 57 años, ingresó para una cirugía que nunca se realizó, muriendo cuatro días más tarde. Había llegado de emergencia al Centro de Salud derivado del Hospital Avellaneda con la orden de realizarle una cirugía de urgencia para salvarle la vida. El diagnóstico era una hernia supraumbilical, es decir, una protuberancia del abdomen producida por una lesión en los músculos que ocasiona el desborde de una porción del intestino. 

La Unidad Fiscal de Homicidios I a cargo de Pedro Gallo investiga por qué no se lo operó en el Centro de Salud y se le dio el alta a las pocas horas, aún cursando un cuadro tan grave. Una junta médica determinó que no se cumplieron los protocolos médicos vigentes para el manejo del cuadro de abdomen agudo quirúrgico y la probable hernia umbilical estrangulada que presentaba Molina. El informe técnico sostiene que el proceder de los profesionales no fue acorde a la patología del paciente, lo cual probablemente ocasionó su fallecimiento debido a un shock vinculado a la falta de una intervención quirúrgica oportuna. Además, sostuvo que el uso de analgésicos enmascaró el cuadro. 

La causa tiene características prácticamente inéditas, por la rapidez de la investigación y por la cantidad de médicos imputados. Son cinco: Adrián Orlando Rojas, Agustina de Lourdes Suárez; Julieta Mena, Martín Isaías Brito y Jorge Gustavo Salomón. Sin embargo, uno de ellos podría abrir una puerta para que se resuelva de la misma manera que todas las denuncias realizadas hasta ahora en Tucumán: sin prisión y, probablemente, sin siquiera condena. 

El imputado Salomón hizo una propuesta de suspensión de juicio abreviado. Ese procedimiento, también conocido como probation, consiste en cerrar el conflicto sin ir a juicio y sin condenar al responsable. Suele ser una alternativa muy práctica para causas por delitos menores y consiste en que el acusado cumpla con tareas comunitarias y a veces un resarcimiento a la víctima, a cambio de no recibir condena. De esa manera, su prontuario queda limpio. 

Una declaración polémica

Salomón prestó declaración en la causa. Dijo que fue él quien recibió a Molina cuando lo derivaron del Hospital Avellaneda, pero que no ordenó la cirugía porque todavía no se habían cargado en el sistema las imágenes de la tomografía que le habían hecho. Explicó que, ante la demora, no ordenó realizarle otro estudio porque el tomógrafo del Centro de Salud estaba roto. 

Y reconoció que podría haberlo derivado a otro hospital para hacerle el estudio, pero dijo que este proceso requería solicitar un móvil del servicio 107 para el traslado y esperar a que el paciente fuera llevado, se le realizara el estudio y regresara; todo el proceso llevaría tiempo y su guardia terminaba pronto. 

Esa declaración reveló otro dato preocupante: el Centro de Salud no tiene tomógrafo. En el marco de esta causa, la Justicia ordenó a sus autoridades que informen la situación del aparato y los directivos reconocieron que no funciona desde marzo de este año. El informe, que tiene fecha del 25 de junio, también indica que el instrumento venía presentando fallas desde finales de 2024, por lo que era frecuente que lo manden a reparar. 

Sin embargo, para saber si Salomón dijo la verdad y si se podría justificar la no realización de una tomografía, la querella pidió la planilla de todas las reparaciones que Phillips le  hizo al tomógrafo. De acuerdo al informe, el equipo había sido declarado “operativo” por el servicio oficial casi un mes antes del ingreso de la víctima al hospital y recién se volvió a dañar dos semanas después de su muerte. ¿Funcionaba o no esa noche? De acuerdo a los registros, sí. Sin embargo, el Jefe de Bioingeniería, Martín Casey, informó que el equipo (un Philips MX16 instalado en 2012) presentó "fallas intermitentes" durante febrero de 2025.

Ni dinero ni probation

El hijo del paciente fallecido no está de acuerdo ni con la suspensión del juicio a prueba, ni con el resarcimiento ni mucho menos con que el caso no llegue a juicio. Andrés Molina asegura que su búsqueda no es de dinero, sino de una condena que evite a otra persona morir como su padre. 

Según su abogado, Juan Pablo Bello, aceptar la propuesta de la probation implicaría abrir la puerta para que el resto de los acusados propongan lo mismo y, de esa manera, la muerte de Molina quede impune. El profesional espera que la fiscalía no acepte el proceso. Sin embargo, la causa estuvo a punto de derivar hacia ese camino días atrás: una audiencia de suspensión de juicio a prueba fue suspendida a último momento y se cree que, en ella, la fiscalía pensaba prestar su conformidad para el acuerdo. Luego, comenzó la feria judicial. El 27 de julio, cuando los judiciales vuelvan a sus tareas, se podría fijar nueva fecha para la audiencia y entonces sí, avanzar con una resolución de la causa sin juicio ni condena.