El Gobierno echó a un preceptor condenado por abuso sexual agravado y no podrá volver a ejercer

El Gobierno de Tucumán echó de su cargo al docente José René Moyano, quien había sido condenado por la Justicia a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 1.458/5 (MEd), publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo.

La medida pone fin a la investigación administrativa iniciada por el Ministerio de Educación en octubre de 2024, luego de que se denunciara un presunto abuso sexual ocurrido en la Escuela Secundaria "José Mariano Gómez", de la localidad de Lules, donde Moyano se desempeñaba como preceptor.

El decreto, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, confirma los cargos formulados durante el sumario y aplica la sanción máxima prevista en el Estatuto del Docente (Ley Nº 3.470), al considerar que el agente incurrió en un grave incumplimiento de sus deberes funcionales y mantuvo una conducta incompatible con el ejercicio de la docencia.

Según surge de los antecedentes administrativos, el expediente incorporó la sentencia dictada el 29 de mayo de 2024 en la causa penal "Moyano José René s/ Abuso Sexual", mediante la cual el docente fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la educación de la víctima, una alumna de la institución educativa.

La investigación administrativa concluyó que el docente violó los deberes establecidos en el Estatuto Docente, que exige desempeñar las funciones "de manera digna, eficaz y leal" y mantener "una conducta moral acorde con la función educativa". En ese sentido, la instrucción recomendó aplicar la sanción de exoneración, criterio que finalmente fue avalado por la Fiscalía de Estado y adoptado por el Poder Ejecutivo.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostiene que la conducta del agente "configura un grave incumplimiento a sus deberes, implicando una afectación directa a la dignidad y derechos de los estudiantes bajo su cuidado", además de representar "una violación flagrante a los principios de honestidad, rectitud y buena fe que deben imperar en toda relación de empleo público, especialmente en el ámbito docente".

Asimismo, la resolución remarca que la decisión se adopta en resguardo del interés superior de niños, niñas y adolescentes, invocando las disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.061 y de la Ley Provincial Nº 8.293 sobre protección integral de derechos.

No podrá volver a ejercer la docencia

Además de disponer el despido del abusador, el decreto ordena comunicar la sanción a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada para que el docente quede inhabilitado para desempeñarse nuevamente en el sistema educativo provincial, ya sea como titular, interino o suplente.

La medida se fundamenta en que la falta cometida le impide reunir las condiciones exigidas por el Estatuto del Docente para acceder al ejercicio de la profesión.

El expediente también refleja que, al iniciarse la investigación administrativa, el Ministerio de Educación, a cargo de Susana Montaldo, había dispuesto la separación preventiva del cargo y la suspensión de haberes. Posteriormente, esa última medida fue revocada parcialmente tras un recurso de reconsideración presentado por el docente, aunque se mantuvo su apartamiento mientras avanzaba el sumario.

Con el decreto publicado este martes, el procedimiento administrativo quedó definitivamente clausurado con la aplicación de la máxima sanción disciplinaria prevista para el personal docente.

Otros antecedentes recientes

La exoneración de Moyano se suma a una serie de sanciones de igual tenor adoptadas por el Gobierno de Tucumán durante los últimos meses contra docentes involucrados en delitos o conductas incompatibles con la función educativa.

Entre los antecedentes recientes figuran la expulsión de Jorge David Perea, acusado de abuso sexual contra un alumno de una escuela de El Manantial; la exoneración de Juan Carlos Zerrizuela, tras comprobarse episodios de acoso sexual hacia cinco alumnas de un mismo curso; el apartamiento de Ignacio Eduardo Del Olmo por mantener conversaciones inapropiadas por WhatsApp con una estudiante menor de edad; y los casos de Adrián Alberto Abregú y del preceptor Miguel Ángel Carrizo, ambos separados definitivamente del sistema educativo luego de condenas por abuso sexual contra alumnas.

En todos los expedientes, el Ministerio de Educación impulsó investigaciones administrativas que concluyeron con la aplicación de la máxima sanción prevista en el Estatuto del Docente, en resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Todos estos gravísimos antecedentes también encienden luces de alarma en el sistema educativo provincial.