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Durante una entrevista radial, el funcionario afirmó que las autoridades de las compañías Rockhopper y Navitas cometen delitos amparados en la legislación nacional al involucrarse en un proyecto de extracción marítima dentro de un territorio cuya soberanía se disputa con el Reino Unido. En ese sentido, aseguró que la administración liderada por Javier Milei avanzará con procesos judiciales contra personas físicas y continuará aplicando sanciones para proteger el patrimonio.
De manera paralela, el representante diplomático defendió la presentación formulada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con sede en Hamburgo, ciudad de Alemania, mediante la cual se solicitaron medidas provisionales para suspender estas actividades unilaterales. El objetivo del planteo radica en frenar las maniobras antes del primer trimestre de 2027, momento en que las firmas estipulan iniciar la extracción, aclarando que este organismo no resolverá la cuestión de soberanía sino la disputa por los recursos naturales.
Las declaraciones del funcionario ocurrieron luego de que el diario británico The Guardian publicara que el país amenazó a los ejecutivos con penas de prisión y multas por su participación comercial. Al respecto de un eventual fallo internacional, el canciller manifestó que espera que el Reino Unido acate las órdenes del tribunal ya que una negativa implicaría ir en contra de las disposiciones establecidas en un acuerdo del que forman parte dentro de las Naciones Unidas.
Finalmente, al referirse a la posible reactivación de una ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, el titular del ministerio aclaró que existe legislación nacional que exige pedir autorización a los buques de carga, confiando en que Chile mantendrá su respaldo histórico sin brindar colaboración logística a las empresas extractivas. Esta ofensiva se enmarca en una estrategia integral que contempla además el desarrollo de una base naval en Ushuaia para custodiar los intereses nacionales en el Atlántico Sur.