La Justicia tucumana declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral que permite pagar sentencias en 12 cuotas

La Justicia de Tucumán declaró inconstitucional una disposición de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei que permite a las pequeñas y medianas empresas pagar en hasta 12 cuotas las condenas judiciales. La resolución fue dictada en una causa por cobro de pesos iniciada por una trabajadora contra una firma dedicada a la comercialización de calzado en la capital provincial.

El fallo, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, fue firmado por el juez Carlos Alberto Frascarolo, de la Justicia laboral de Tucumán, quien rechazó el pedido de la empresa de cancelar en 12 cuotas mensuales una condena de $8.265.686,74, reconocida judicialmente a favor de la demandante.

La controversia se centró en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), modificado por el artículo 56 de la Ley 27.802, que habilita el pago fraccionado de sentencias condenatorias en hasta seis cuotas para grandes empresas y hasta 12 para micro, pequeñas y medianas empresas.

En su resolución, el magistrado consideró que aplicar ese mecanismo en las circunstancias del expediente vulneraría derechos constitucionales de la trabajadora, entre ellos la protección del salario, el derecho de propiedad y el principio de igualdad.

Uno de los principales fundamentos del fallo fue el carácter alimentario de los créditos laborales y el perjuicio que podría ocasionar una nueva demora en su cobro.

El juez señaló que la trabajadora ya había obtenido una sentencia firme y que permitir a la empresa imponer unilateralmente un plan de pagos significaría prolongar el cumplimiento de una obligación reconocida por la Justicia. “El mecanismo previsto por la norma termina trasladando a la trabajadora las consecuencias económicas del transcurso del tiempo y, en los hechos, la coloca en la situación de financiar en contra de su voluntad al empleador condenado”, sostuvo.

Frascarolo también cuestionó que la disposición otorgue una facilidad de pago a quien incumplió sus obligaciones laborales y obligó a la empleada a iniciar un juicio. “Quien cumple voluntariamente sus obligaciones no cuenta con tal posibilidad, mientras que quien incumple y resulta condenado puede obtener, como consecuencia del proceso, una facilidad de pago que no tenía con anterioridad”, argumentó.

Para el magistrado, esa diferencia de trato carece de una justificación objetiva y razonable y vulnera el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Una condena de $8,2 millones

El expediente se inició el 20 de agosto de 2024 y concluyó con una sentencia definitiva dictada el 9 de abril de 2026, que condenó a la empresa a pagar $8.265.686,74 a la trabajadora.

El 1 de julio, la firma solicitó autorización para cancelar esa suma mediante 12 cuotas mensuales y consecutivas, invocando la modificación introducida en la Ley de Contrato de Trabajo.

Para fundamentar su pedido, presentó un certificado que acreditaba su condición de MiPyME y documentación contable. También argumentó que atravesaba dificultades económicas y financieras vinculadas con la crisis del sector comercial.

La defensa sostuvo que el mecanismo de pago en cuotas buscaba compatibilizar el cobro de los créditos laborales con la continuidad de las pequeñas empresas y la preservación de los puestos de trabajo.

Sin embargo, la trabajadora se opuso al planteo y solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la disposición. El Ministerio Público Fiscal también dictaminó a favor de esa declaración.

El juez cuestionó la situación económica invocada por la empresa

Otro aspecto relevante de la sentencia fue el análisis de la documentación presentada para justificar el fraccionamiento de la deuda. Frascarolo sostuvo que la sola condición de MiPyME no resultaba suficiente para acreditar que el pago inmediato de la condena pusiera en riesgo la continuidad de la actividad empresarial. “El certificado MiPyME acompañado sólo acredita el encuadramiento administrativo de la empresa en dicha categoría, pero no demuestra por sí mismo que el pago inmediato de la condena pueda comprometer su continuidad o la preservación de los puestos de trabajo”, señaló.

Además, destacó que los propios estados contables aportados por la demandada registraban, al 30 de abril de 2025, un activo total de $1.261.174.392, un patrimonio neto de $625.104.153 y disponibilidades por $172.899.467.

Si bien aclaró que esos datos correspondían a un período anterior a la solicitud, consideró que no permitían justificar el plan de pagos pretendido.

El magistrado también puso el foco en el tiempo transcurrido desde que la trabajadora inició su reclamo hasta que obtuvo una sentencia. “La tutela judicial efectiva no se agota en el dictado de una sentencia favorable, sino que comprende su efectivo cumplimiento”, remarcó.

En ese sentido, señaló que el proceso principal había demandado aproximadamente 19 meses y que autorizar otros 12 meses para completar el pago afectaría la eficacia de la protección judicial obtenida.

El fallo también recordó que la remuneración laboral cuenta con protección constitucional y que las obligaciones salariales deben cumplirse de manera íntegra y oportuna.

Al evaluar los efectos de la nueva disposición, Frascarolo concluyó que resulta incompatible con el principio protectorio del derecho laboral.

“Considero que esta nueva norma bajo exámen, resulta incompatible con el principio protectorio y resulta una medida irrazonable que alienta el incumplimiento de la ley, importando un beneficio injustificado para el demandado y un grave perjuicio para la trabajadora”, expresó.

En la parte resolutiva, el juez dispuso: “Admitir el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora y, en consecuencia, declarar, para el caso concreto, la inconstitucionalidad del párrafo incorporado al art. 277 de la LCT por el art. 56 de la Ley 27.802, en cuanto habilita el pago fraccionado de las sentencias condenatorias en 12 cuotas”.

También resolvió rechazar el pedido de la empresa de cancelar la condena mediante 12 pagos mensuales consecutivos.