La Justicia falla en contra de tasas municipales en boletas de servicios: EDET, SAT, NATURGY y 7 localidades tucumanas en la mira

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este viernes en la red social X que la Justicia falló a favor del Gobierno y avaló la medida que prohíbe incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos. Se trata de una iniciativa que tomó el equipo económico para reducir la presión impositiva y ayudar a la baja de la inflación, al quitarle costos a los servicios.

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín rechazó los amparos que siete municipios de la provincia de Buenos Aires habían presentado contra la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, de septiembre pasado, que prohibía incluir cargos ajenos al servicio contratado en las facturas de servicios públicos.

"La Justicia definió que no hubo violación a la Constitución Nacional ni avasallamiento de las autonomías provinciales", escribió en su cuenta el ministro.

En esta misma línea, la Justicia les otorgó a los municipios 90 días para redefinir los mecanismos más apropiados y que consideren idóneos para cobrar las tasas municipales en forma separada de los servicios públicos contratados por el usuario.

Los casos en la Provincia

Asimismo, el fallo judicial dejó expresamente reconocida la validez y legalidad de las normas de los entes nacionales reguladores del gas y de la electricidad (ENARGAS y ENRE, respectivamente), y de la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, en la que se señala que la información relacionada a los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios deben referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, al tiempo que no pueden contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio.

En noviembre pasado, la Secretaría ya había imputado y abierto sumarios a EDET y NATURGY. En torno de la empresa de distribución de energía eléctrica, la Nación le abrió ocho sumarios por facturas irregulares en los municipios de San Miguel de Tucumán, Las Talitas, Tafí Viejo, Bella Vista y las localidades de Los Pocitos, Amberes (Monteros) y La Reducción (Lules).

En lo que refiere a la firma que presta el servicio de gas natural a los clientes tucumanos, tuvo un sumario efectivo por parte de la Secretaría de Comercio, ante una denuncia radicada en la ciudad Capital. Tras los descargos de las empresas, los expedientes ya se encuentran en la etapa de imposición de multa en los casos de corresponder.

En diciembre de 2024, el organismo oficial también imputó a la Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM, conducida por Marcelo Caponio, firma a la cual se le abrió un sumario por haberse detectado las incompatibilidades señaladas anteriormente en el servicio prestado en San Miguel de Tucumán.

La Secretaría podrá sancionar a las empresas que no cumplieron la norma, de acuerdo a lo previsto por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, que contempla multas de hasta $2130 millones.

Derecho a reclamos

Esta resolución de la Secretaría de Industria y Comercio también definía que el incumplimiento a lo establecido iba a generar posibles sanciones en el marco del régimen de penalidades de la Ley de Defensa del Consumidor. También precisa que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en toda facturación que se extienda al usuario su derecho a reclamar una indemnización si le son facturadas sumas o conceptos indebidos.

El fallo tiene relevancia porque no solo ratifica la legalidad de la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, sino que también hace énfasis en la protección de los consumidores, conforme a lo que establece la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

“La inclusión de conceptos ajenos a aquellos contratados por el consumidor en las facturas de servicios públicos por parte de municipios y gobiernos provinciales se ha ido transformando en una práctica generalizada. Esta práctica configura no solo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino también una clara violación a la libertad de elección”, cerró Caputo.