Instan a los representantes tucumanos en el Congreso a impulsar una ley que permita suprimir el apellido del abusador en la sentencia penal

Las legisladoras peronistas Adriana Najar, Maia Martínez y Sandra Figueroa elevaron un proyecto de resolución que busca transformar el abordaje judicial de los delitos contra la integridad sexual en el ámbito intrafamiliar. El objetivo central es "instar a los señores Diputados y Senadores Nacionales por la Provincia de Tucumán a promover e impulsar ante el Honorable Congreso de la Nación las modificaciones legislativas pertinentes al Código Civil y Comercial de la Nación", con el fin de que las víctimas puedan desprenderse legalmente de la identidad de su agresor de manera inmediata. Esta iniciativa surge como respuesta a un vacío normativo que hoy obliga a quienes sufrieron estos delitos a transitar procesos civiles paralelos y desgastantes para recuperar su identidad.

En este sentido, la propuesta se encuentra estrechamente vinculada a las gestiones realizadas recientemente en la Legislatura provincial, donde el vicegobernador Miguel Acevedo recibió a sobrevivientes y especialistas para dar inicio al tratamiento de esta problemática. Durante esos encuentros, se resaltó que la iniciativa busca que la víctima pueda desvincularse del atacante en la misma sentencia penal, eliminando los obstáculos burocráticos que hoy imponen procesos civiles adicionales. Sobrevivientes como Sofía Rubino destacaron la importancia de una "escucha activa" por parte del Parlamento para convertir estos reclamos en herramientas normativas concretas.

El proyecto de resolución fundamenta la urgencia de este cambio señalando que, bajo el sistema vigente, “aun existiendo condena penal firme por delitos contra la integridad sexual, las víctimas deben iniciar un proceso autónomo en sede civil para solicitar la modificación o supresión del apellido paterno”. Según las legisladoras, esta situación constituye una “duplicación innecesaria de instancias judiciales, costos emocionales, exposición reiterada de los hechos traumáticos y nuevas situaciones de revictimización”. Por ello, proponen que el juez penal tenga la facultad de disponer la supresión del apellido dentro del mismo proceso penal, garantizando una reparación integral.

Componente simbólico

Al respecto, la abogada Ingrid Lausberg, quien acompañó la presentación de la propuesta ante las autoridades parlamentarias, precisó que el espíritu de la reforma es permitir que el afectado pueda optar por la supresión del apellido para “rehacer su vida y no perpetuarse en el victimismo del abuso”. Esta visión coincide plenamente con los fundamentos del proyecto de resolución, que sostiene que “el apellido no puede ser interpretado únicamente como un dato registral, sino también como un componente simbólico y emocional profundamente vinculado a la historia personal de las víctimas”.

Finalmente, el documento presentado por Najar, Martínez y Figueroa solicita que la futura reforma nacional contemple “mecanismos ágiles, gratuitos y con perspectiva de derechos humanos, niñez y género, evitando la revictimización de las víctimas y garantizando su derecho a la identidad, dignidad e integridad psíquica”. La iniciativa reafirma que la identidad es un derecho humano fundamental protegido por la Constitución Nacional y tratados internacionales, por lo que el Estado debe asegurar una tutela judicial efectiva que priorice el interés superior del niño y la protección integral de la persona vulnerada.