Exigen el fin de la demora en la digitalización de los antecedentes penales en Tucumán

El inicio del año legislativo puso nuevamente en el centro del debate la modernización del Estado tucumano. El legislador José Cano (foto inferior) elevó un proyecto de resolución para "instar al Poder Ejecutivo proceda a dictar la Reglamentación de la Ley 9790", una norma sancionada en agosto de 2024 que tiene como objetivo centralizar toda la información judicial y policial de la provincia en un solo registro digital. Según Cano, a pesar de que la ley fue una iniciativa conjunta entre el Ejecutivo y su propio despacho, la falta de reglamentación mantiene bloqueada la operatividad de un sistema que debería haber terminado con las largas filas y la burocracia física, permitiendo que los ciudadanos gestionen sus antecedentes desde una plataforma web oficial.

En los fundamentos de la iniciativa, el parlamentario destaca que la Ley 9790 crea el "Registro Provincial de Antecedentes Personales en el ámbito de la Policía de la Provincia", cuyas funciones son fundamentales para la seguridad y la administración pública. Este registro tiene la tarea de "centralizar la información referida a las denuncias, procesos penales y contravencionales sustanciados en el territorio provincial y expedir los antecedentes penales y personales digitales de los ciudadanos mayores de 16 años".

Para que este engranaje funcione, la normativa establece la "obligatoriedad de la información al Registro, aportada por el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía y el Servicio Penitenciario de la Provincia". Cano enfatiza que esta carga de datos debe realizarse a través de un "sistema informático habilitado por cada Organismo con las respectivas medidas de seguridad", contemplando incluso sanciones ante el incumplimiento de informar. No obstante, el legislador lamenta que el proceso de transición del antiguo modelo al nuevo sistema digital se encuentre frenado, ya que "la emisión de certificados establecidos por dicha ley debe efectuarse mediante una reglamentación. Situaciones que a la fecha no se han efectivizado".

Uno de los puntos más urgentes del reclamo se centra en el artículo 15° de la ley, referido a la creación de la Página Web Oficial del registro. Cano solicita que se proceda de manera inmediata a implementar este portal, que debe prever los "mecanismos de información al público de los requisitos, la tramitación del certificado y el abono por el mismo de manera on line". El objetivo final, según el texto del proyecto, es favorecer al ciudadano "evitando de esta manera la engorrosa burocracia de hacerlo de manera presencial".

Finalmente, el referente de Radicalismo Federal recordó que el espíritu de la ley era ambicioso en términos de eficiencia administrativa. La iniciativa, según sus palabras, "motivaba a la modernización y digitalización del Estado Provincial, agilizando la emisión de los certificados de antecedentes", una meta que hoy choca con la realidad de una implementación que, tras años de su publicación en el Boletín Oficial, aún "no se ha implementado". Con este proyecto, se busca instar al Ejecutivo para que la digitalización, en esta materia, deje de ser una promesa en papel y se convierta en una herramienta real para los tucumanos.