Elías de Pérez impulsa una Ley de Fomento Energético para frenar facturas excesivas en hoteles y restaurantes

Frente a la creciente zozobra que atraviesa la actividad turística y gastronómica por la escalada en los costos de los servicios públicos —expresada recientemente en la alarma sectorial por facturas eléctricas que alcanzaron los $100 millones

—, la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán-foto inferior) presentó un proyecto de ley para crear el "Régimen de Fomento Energético para Establecimientos del Sector Hotelero y Gastronómico de la Provincia". La iniciativa busca atenuar el severo impacto de la tarifa eléctrica sobre la estructura operativa de los comercios mediante la contratación semestral del cargo por potencia, la facturación sobre el consumo real medido y la aplicación de bonificaciones de hasta el 15% sobre la potencia y del 12% sobre la energía consumida. Esta medida legislativa surge como respuesta directa al estancamiento económico y al desfasaje estacional que afronta el sector, alineándose con las gestiones iniciadas por las cámaras empresariales ante el organismo regulador para evitar el cierre definitivo de establecimientos en Tucumán.

La propuesta impulsada por la parlamentaria forma parte de un conjunto de acciones institucionales desarrolladas a partir de rondas de trabajo con representantes de la Unión Hotelera y Gastronómica de Tucumán y autoridades del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT). El disparador de la crisis cobró estado público tras revelarse que un tradicional hotel tucumano recibió una boleta emitida por la empresa EDET cercana a los $100 millones, reflejando incrementos que duplican los montos abonados el año anterior.

Al respecto, el presidente de la cámara empresarial, Ernesto Gettar, había advertido a nuestro medio que “en los últimos dos años se ha disparado en forma desmedida el costo de energía más allá de los subsidios” al remarcar que el pago del cargo por potencia contratada supera con frecuencia al consumo efectivo de kilovatios

por lo que alertó que, de no encontrarse un alivio concreto, “esto va a producir quebrantos en algunas empresas”.

Para dar respuesta a esta distorsión en la facturación comercial, el proyecto ideado por Elías de Pérez establece en su Artículo 1.º la creación del marco legal con el objeto explícito de “reducir la incidencia del costo de la energía eléctrica en su estructura operativa, contribuir a su sostenibilidad económica, preservar las fuentes de trabajo y adecuar las condiciones de contratación de potencia a las variaciones estacionales propias de las actividades alcanzadas”. La norma abarca a restaurantes, bares, confiterías, pizzerías, heladerías, hoteles, hosterías y alojamientos turísticos en general.

El corazón de la propuesta modifica el régimen de contratación de la potencia, fijando en su Artículo 4.º que “la contratación del cargo por potencia tendrá vigencia de seis (6) meses, renovables automáticamente por períodos iguales, salvo comunicación escrita del usuario con treinta (30) días de anticipación”. A su vez, garantiza que “la facturación se realizará exclusivamente en función del consumo real medido, sin cargos por consumo inferior al contratado ni penalizaciones por consumo superior al contratado”. Esta regla se ratifica en el Artículo 10.º, el cual proscribe cualquier cobro adicional o penalización derivada de la diferencia entre la potencia reservada y el uso efectivo del suministro.

Bonificaciones tarifarias y rol del ERSEPT

Asimismo, la iniciativa incorpora un mecanismo directo de alivio financiero a través de descuentos sobre los componentes del cuadro tarifario. En su Artículo 11.º, la propuesta legal dispone que los locales adheridos podrán acceder a: “Una bonificación de hasta el quince por ciento (15%) sobre el componente correspondiente a la demanda o potencia contratada, autorizada o registrada, según corresponda al encuadramiento tarifario del suministro. Una bonificación de hasta el doce por ciento (12%) sobre el componente correspondiente a la energía eléctrica consumida”.

El ERSEPT actuará como la autoridad de aplicación encargada de reglamentar los criterios de segmentación, implementar el régimen y publicar reportes anuales de impacto sobre el consumo, el ahorro generado y el empleo en el sector.

En la exposición de motivos que acompaña al texto de ley, la legisladora expone con amplitud las razones económicas que imponen la sanción de la herramienta. Los fundamentos destacan que la gastronomía y la hotelería requieren un uso intensivo y permanente de electricidad para climatización, refrigeración de alimentos, provisión de agua caliente e iluminación, sufriendo severas oscilaciones de demanda a lo largo del año.

En un pasaje central de los fundamentos, la iniciativa subraya: “Esta situación adquiere particular relevancia en los establecimientos hoteleros y de alojamiento turístico, cuya actividad se encuentra fuertemente condicionada por factores estacionales. Los niveles de ocupación y las necesidades energéticas pueden variar considerablemente a lo largo del año. Un establecimiento puede necesitar una determinada potencia durante los meses de mayor actividad y requerir una capacidad considerablemente menor durante la temporada baja, generándose costos que no necesariamente acompañan el comportamiento real de su actividad”.

Por ello, el escrito de la iniciativa concluye haciendo un firme llamado a la protección de las PYMES provinciales y la cadena de valor turística: “La energía eléctrica constituye un insumo esencial para el funcionamiento de estas actividades. Generar condiciones de contratación más flexibles y acordes a su estacionalidad permitirá brindar mayor previsibilidad, aliviar el peso de los costos energéticos y contribuir al sostenimiento de los establecimientos, la preservación de las fuentes de trabajo y el desarrollo del sector hotelero y gastronómico de Tucumán”.