El abogado penalista Fernando Burlando, conocido por su participación en casos de gran resonancia mediática, se incorporó a la defensa de Valentina Olguín, la influencer y cantante santiagueña de 26 años procesada por contrabando simulado agravado. Olguín enfrenta causas judiciales en al menos cinco provincias por el uso indebido de los datos fiscales de seis gobernadores, incluido el tucumano Osvaldo Jaldo, para realizar compras en el exterior a través de la plataforma Revolve. La llegada de Burlando al caso, junto a la abogada Claudia Paz, anticipa una estrategia de defensa más agresiva y una mayor exposición mediática, dada la trayectoria del letrado en casos de alto impacto.
Olguín fue procesada por el fiscal federal Agustín Chit, quien determinó que la joven utilizó los CUIT de los gobernadores Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) para realizar más de una decena de compras en el sitio web de ropa Revolve, con sede en Miami. Según la investigación, Olguín superó los límites permitidos por la normativa aduanera, configurando el delito de contrabando por simulación agravado, que podría derivar en una pena de hasta ocho años de prisión. En Tucumán, la influencer fue embargada por $5 millones, y su defensa apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de Apelaciones.
La joven, dedicada a la música y con una presencia destacada en redes sociales, presentó un descargo en el que expresó su arrepentimiento público hacia Jaldo y propuso gestos reparadores, como realizar actividades solidarias o un show gratuito en Tucumán. “No ha sido un robo de dinero, ni de tarjeta, ni una estafa. Tampoco me dedicaba a la venta de ropa como se dice. Me dedico a la música hace mucho”, afirmó Olguín en su defensa, según fuentes judiciales.
“No usaron mi plata ni mi tarjeta, pero usaron mi nombre y mis datos para operar ilegalmente”, aclaró el mandatario tucumano, quien enfatizó su preocupación por la debilidad de los sistemas de control en la Aduana y en ARCA. El modus operandi incluiría el uso de datos personales de figuras públicas para realizar importaciones ilegales desde Estados Unidos. “Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema. Por eso, le pido a los tucumanos que revisen si no están siendo víctimas también”, había advertido Jaldo, al tiempo de exigir al gobierno nacional mejorar urgentemente los controles en las instituciones que regulan las importaciones: “Esto no es político, es grave. Están vulnerando la seguridad de todos los ciudadanos.”
La incorporación de Fernando Burlando al caso marca un punto de inflexión, no solo por su experiencia en derecho penal, sino también por su conocida habilidad para gestionar la narrativa pública en casos de alto perfil. Fuentes cercanas al entorno de la defensa indican que Burlando buscará cuestionar la proporcionalidad de las acusaciones, argumentando que las compras realizadas por Olguín no constituyen una estafa de gran magnitud ni un perjuicio económico directo a los gobernadores, sino un uso indebido de datos fiscales accesibles públicamente. Además, se espera que la defensa insista en que las acciones de la influencer no tuvieron intención delictiva grave, sino que respondieron a una maniobra para sortear restricciones aduaneras.
Se espera que la defensa adopte un perfil mediático más fuerte, y que el expediente cobre aún mayor visibilidad en las próximas semanas dada la propia impronta de Burlando en casos que combinan aspectos legales con una fuerte exposición pública. El abogado, conocido por representar a figuras como las hijas de Diego Maradona y por su reciente intervención en el escándalo judicial de ese caso, probablemente aprovechará los medios para instalar la idea de que el procesamiento de Olguín es desproporcionado en relación con los hechos imputados.
Burlando trabajará junto a Claudia Paz, quien ya venía representando a Olguín, para apelar el procesamiento y buscar una resolución favorable en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. La estrategia también podría incluir la presentación de pruebas que refuercen el carácter personal de las compras realizadas por Olguín, desestimando la acusación de una operatoria comercial a gran escala.