El Gobierno prorroga nuevamente los plazos para la licitación del paquete accionario de EDET

El Poder Ejecutivo de Tucumán remitió a la Legislatura un nuevo proyecto de ley para convalidar una extensión en los plazos de cumplimiento del contrato de concesión de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET S.A.), reconociendo formalmente el vencimiento de los hitos fijados durante el año anterior. Esta nueva normativa busca “adecuar dichos plazos a las previsiones del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial” debido a la demora en el proceso de licitación del paquete accionario mayoritario, estableciendo un cronograma que posterga las fechas clave originalmente previstas para el inicio de 2026. La iniciativa surge en un contexto de persistentes reclamos sociales y legislativos por la calidad de la prestación, la transparencia tarifaria y las denuncias por pasivos ambientales que ya habían marcado el debate parlamentario durante el año pasado.

El texto enviado para su consideración legislativa, que lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, reconoce de manera explícita un estado de mora en el proceso administrativo. El documento señala que, “atento a la imposibilidad de cumplir los hitos previstos en los plazos originariamente establecidos y encontrándose vencido el Segundo Período de Gestión, resulta necesario adecuar dichos plazos a las previsiones del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial”.

En este sentido, el Artículo 1° del proyecto de ley propicia la aprobación de un nuevo Acta Acuerdo que establece como nueva “fecha límite para el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional destinada a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET S.A. el día 30 de septiembre de 2026”. Asimismo, se fija el “4 de abril de 2027 como fecha de vencimiento del Segundo Período de Gestión”, extendiendo así los plazos que la Ley N° 9.913 había fijado anteriormente para enero y julio de 2026, respectivamente.

El nuevo Acta Acuerdo, rubricado el 10 de agosto pasado, cuenta con el aval de todas las partes involucradas en la regulación y prestación del servicio. Por parte de “la Provincia”, el instrumento fue firmado por el gobernador Jaldo. En representación de la empresa EDET S.A., estamparon su firma los apoderados Ernesto San Miguel y Rodolfo Luis Martínez. Finalmente, por el ente regulador, intervino Eduardo Cobos en su carácter de Interventor del ERSEPT.

Entre los puntos fundamentales, el acuerdo ratifica que esta adecuación de fechas “de ningún modo implica modificar el plazo total del mismo... el que, indefectiblemente, vencerá en la fecha originalmente prevista (04 de agosto de 2085)”. Además, el documento establece formalmente el esquema de los ocho períodos de gestión de diez años cada uno que restan hasta el fin de la concesión, y faculta al ERSEPT para llevar a cabo los procedimientos necesarios para “compatibilizar armónicamente la aplicación de la misma con las disposiciones del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial”.

La necesidad de este nuevo ordenamiento de fechas se produce apenas un año después de que la Legislatura aprobara, en septiembre de 2025, el Acta Acuerdo anterior bajo la Ley 9.913. Aquella sesión estuvo cargada de fuertes cuestionamientos hacia la empresa concesionaria por parte de diversos bloques políticos.

Durante el debate del año pasado, la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) fue sumamente crítica al afirmar que: “Lo que estamos votando sencillamente es un acta que prolija la maraña de fechas que tenían entre esta empresa EDET y la provincia”. La radical también denunció cambios constantes en los grupos inversores y reclamó que “verdaderamente llegue a Tucumán una empresa que tenga vocación de servicio, que cobre las tarifas que corresponde, que no envenenen a nadie”.

Por su parte, el legislador Hugo Ledesma (Justicialista) alertó sobre presuntos casos de contaminación ambiental en el barrio Diagonal Norte, al denunciar que equipos de la empresa “han generado situaciones de gravísimas enfermedades en muchos de los vecinos y vecinas de este barrio, principalmente niños y niñas”. En la misma línea, José Cano (Radicalismo Federal) instó a la Comisión de Energía y a la Justicia a “echar luz sobre compuestos que están prohibidos” (en referencia a los bifenilos policlorados o PCB), asegurando que si existe derrame “se sigue contaminando”.

Finalmente, la legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) si bien respaldó el acuerdo en 2025 para garantizar la seguridad jurídica, enfatizó que “necesitamos una claridad de los plazos y procedimientos” y exigió un ERSEPT fortalecido para “controlar estrictamente el seguimiento de los tarifazos” y los abusos en el servicio.