Además de la perpetua, “El Militar” Sosa podría ser condenado a pagar $438 millones

Felipe “El Militar” Sosa podría ser condenado, además de a prisión perpetua, a pagar un monto millonario en caso de ser hallado culpable del femicidio de Érika Antonella Álvarez. Junto a él, su pareja, Justina Gordillo y su amigo Jorge Orlando Díaz también están demandados civilmente.

La joven de 25 años fue vista por última vez entrando a la casa del empresario Sosa el 7 de enero de 2026. Luego, se probó que él salió en una camioneta hacia el barrio Manantial Sur, donde apareció el cuerpo de la víctima, desmembrado. “Sosa envolvió el cuerpo de Erika en tres bolsas de consorcio negras unidas con cinta adhesiva, atando sus talones y dando cuatro vueltas de una cuerda negra alrededor de su cuello, y lo trasladó en su camioneta (...) para arrojarlo, desnudo y como si fuera un residuo, en un basural a cielo abierto de la intersección de calles William Bliss y Gerónimo Helguera”, asegura la demanda.

El monto total del reclamo es de $508 millones, de los cuales, Sosa deberá pagar $438 millones en caso de ser hallado culpable. Si son condenados, Gordillo y Díaz, de manera solidaria, deberán afrontar los $70 restantes por el ocultamiento del cuerpo. 

La demanda será tratada durante el debate oral en que se definirán las responsabilidades penales. Fue presentada tras el cierre de la investigación y la apertura a juicio de la causa. 

En el escrito, se define el daño causado presuntamente por Sosa y se enumeran las lesiones que sufrió en vida Érika: “la golpeó con extrema violencia a nivel cráneo-facial, provocándole hematomas en región frontal derecha, superciliar derecha, periocular derecha, cigomático-malar derecha, occipital derecha y parietal izquierda, así como luxación de ambas articulaciones témporo-mandibulares con desprendimiento del macizo mandibular de las cavidades glenoideas temporales y luxación de vértebras cervicales, causándole la muerte por traumatismo cráneo-facial y cervical”. 

“La magnitud del ensañamiento no admite eufemismos: un hombre de contextura física robusta, con formación militar acreditada (legajo N.º 23.583 del Ejército Argentino, arma de Infantería), de 50 años de edad y de sólida posición económica, destrozó a golpes el rostro y el cuello de una joven de 25 años, económicamente dependiente y atravesada por un consumo problemático de sustancias. La asimetría no fue sólo simbólica: fue física, económica, etaria y estructural”, remarca la demanda. 

Los demandantes son los padres y los cinco hermanos de la joven asesinada, con la representación del abogado Carlos Garmendia. “Esta familia buscaba a Erika. En la

mañana del 08 de enero sus padres fueron hasta su casa con la copia de la llave que conservaban; encontraron el aire acondicionado encendido y su ropa sobre la cama. Le enviaban mensajes que ya no le llegaban. La noticia del hallazgo de un cuerpo de mujer les llegó por una publicación de Facebook. Fue Karen Milena quien concurrió a la comisaría y quien tuvo que reconocer a su hermana a través de fotografías de sus tatuajes, porque el cuerpo ya presentaba fenómenos de putrefacción tras haber permanecido más de treinta horas expuesto a la intemperie en un basural. Poco después llegó al lugar su padre, Walter Marcelo Álvarez, y detrás de él el resto de la familia”, detalla.

Y agrega: “Esta familia no pudo velar a Erika como se vela a una hija y a una hermana. No pudo verla por última vez. El estado en que fue hallada la privó incluso de esa mínima e  insustituible ceremonia de despedida”

La demanda detalla cuáles son los rubros que deberán ser resarcidos. Por los gastos de sepelio, se reclaman $3 millones; por los de tratamientos psicológicos y psiquiátricos para los siete demandantes, $48 millones y por los daños psíquicos, $82 millones.

Además, por el daño moral se calculan $242 millones, monto elevado por el ensañamiento del agresor, el contexto de violencia de género y el impacto de haber reconocido el cuerpo mediante fotografías de tatuajes. Finalmente, por la pérdida de chance de ayuda futura se reclaman $62 millones, puesto que Érika era estudiante de enfermería y colaboraba con el cuidado de su hermana con discapacidad. 

Por último, la demanda reclama además una serie de medidas de reparación integral con vocación transformadora. Entre ellas, se pide que se libre oficio al Siprosa para que brinde asistencia a la familia (especialmente a las dos hermanas menores de edad, una de ellas con discapacidad); y se solicite a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para que inaugure un “banco rojo” (homenaje a víctimas de femicidio) en memoria de Érika. Además, se oficie a la Universidad Nacional de Tucumán para que evalúe la creación de una beca destinada a estudiantes de enfermería en situación de vulnerabilidad socioeconómica.