El desafío regulatorio de frenar la ludopatía adolescente en Tucumán frente a un escenario digital en expansión

La creciente incidencia del juego compulsivo entre los jóvenes provocó una disparidad de respuestas institucionales en la Argentina, donde la firmeza de la política nacional contrasta de manera directa con las demoras y la fragmentación legislativa observadas en la provincia de Tucumán. Mientras el Poder Ejecutivo nacional implementó reformas estructurales de rango ministerial para abordar la ludopatía como una prioridad de salud pública urgente, la administración tucumana enfrenta fuertes cuestionamientos por mantener inactiva, debido a la falta de reglamentación, la ley provincial de prevención aprobada hace casi dos años. Este vacío desató una proliferación de iniciativas parlamentarias de diversos bloques políticos que intentan, mediante parches normativos, crear líneas de asistencia gratuitas, imponer severas restricciones a la publicidad en la indumentaria deportiva

y obligar a la colocación de cartelería preventiva en portales virtuales de apuestas, configurando un escenario de dispersión de esfuerzos ante un flagelo social en plena expansión.

A nivel nacional, el Gobierno dispuso mediante el Decreto N° 771/2026 una serie de modificaciones a la Ley de Ministerios N° 22.520. El cambio normativo, firmado por el presidente Javier Milei, incorporó de manera explícita en las competencias del Ministerio de Salud el “diseño y ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas”, extendiendo estas responsabilidades a las problemáticas derivadas del juego de azar y las apuestas. Las autoridades nacionales fundamentaron esta decisión en los datos provistos por un informe del Observatorio Argentino de Drogas, el cual reveló que durante el 2025 se registró un alarmante incremento de la ludopatía en estudiantes de nivel secundario. Según el estudio, “más de una cuarta parte de los estudiantes manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año”, con una clara preponderancia de las modalidades de juego desarrolladas mediante plataformas digitales.

Desde el punto de vista clínico y de salud pública, la medida nacional se sustenta en que la ludopatía es considerada un trastorno caracterizado por la “pérdida de control sobre la conducta de juego, la persistencia de dicha conducta pese a sus consecuencias negativas y la afectación progresiva de la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral”. Frente a este cuadro, el decreto presidencial subraya que “la prevención, detección temprana, asistencia y rehabilitación de las personas afectadas constituyen intervenciones propias de las políticas públicas de salud”, ampliando las potestades de fiscalización y control sanitario del Estado para actuar ante estas patologías emergentes.

La celeridad de las resoluciones nacionales contrasta vivamente con la situación de Tucumán, donde la principal herramienta del Estado provincial permanece paralizada. El 21 de noviembre de 2024, la Legislatura local sancionó la Ley N° 9.828, que creó el Programa Provincial de Prevención y Abordaje del Juego Problemático y de la Ludopatía. Sin embargo, a pesar de que el artículo 5° de la norma fijaba un plazo para su puesta en marcha, este se encuentra “ampliamente vencido” sin que el Poder Ejecutivo provincial haya dictado la reglamentación correspondiente.

Esta inacción administrativa motivó proyectos de resolución de los legisladores Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) y Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán) instando de manera urgente al Gobierno provincial a reglamentar la ley para hacerla operativa. En sus fundamentos, Elías de Pérez advirtió de manera crítica que “la ludopatía y el juego problemático requieren políticas públicas concretas, sostenidas y articuladas, particularmente ante la creciente exposición de adolescentes y jóvenes a modalidades de apuestas, muchas de ellas vinculadas a entornos digitales”. La legisladora remarcó además que “la falta de implementación efectiva de la Ley N° 9.828 priva a la ciudadanía de instrumentos legislativos ya sancionados para prevenir, detectar y asistir situaciones que pueden comprometer gravemente la salud mental, la economía familiar y las trayectorias educativas”.

Por su parte, Berarducci enfatizó en su presentación que “la ausencia de reglamentación impide que muchas de estas herramientas puedan ponerse efectivamente en funcionamiento”. Al citar informes de organismos internacionales, el parlamentario opositor recordó que “la propia UNICEF ha advertido que las apuestas online generan problemas financieros, endeudamiento, ansiedad, afectación del bienestar psicosocial y un deterioro de las relaciones familiares y escolares, destacando además la fuerte incidencia que tienen la publicidad en redes sociales y las plataformas digitales en la naturalización de estas prácticas entre adolescentes”.

Alternativas de financiamiento y asistencia directa

Ante el devaluado estado regulatorio de la ley de fondo, se sumaron iniciativas orientadas a reformular normas preexistentes, como la Ley N° 8.986 de Juego Responsable, con el propósito de forzar canales de ayuda y financiamiento específicos. Los legisladores Alfredo Toscano (Compromiso por Tucumán) y José Cano (Radicalismo Federal) presentaron un proyecto que busca reestructurar el programa provincial mediante acciones inmediatas. Entre ellas, se destaca la creación de la “Línea Telefónica Gratuita de Atención Integral de la Ludopatía (0800-LUDOPATÍA), de cobertura provincial, servicio anónimo, gratuito y de funcionamiento intermitente durante las 24 horas, los 365 días del año”, la cual funcionaría en coordinación con el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) para brindar derivación y contención a los afectados de ludopatía presencial y virtual.

El proyecto de Toscano y Cano introduce un mecanismo económico clave para blindar los recursos del área: “Dispónese que un mínimo del 25% del total de las utilidades líquidas y/o aportes que la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán transfiera al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) en concepto de explotación del Sector Juegos sea asignado con carácter de afectación específica e intocable a la Red Provincial de Salud Mental y Adicciones”. Este porcentaje se destinaría con prioridad a “la atención médica, psicológica y psiquiátrica totalmente gratuita para menores de edad, adolescentes y personas de escasos recursos o sin cobertura formal de salud que padezcan ludopatía o consumos problemáticos asociados al juego”, así como a la creación de centros territoriales especializados en ciberludopatía.

Desde otra perspectiva de prevención visual, los legisladores de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, propusieron modificar la misma ley para endurecer las obligaciones de los operadores privados y estatales de juego. Su propuesta exige que todas las salas físicas de juego y portales web —incluyendo los de dominio .bet.ar autorizados por la Caja Popular de Ahorros

— exhiban carteles preventivos de un tamaño mínimo de 500 centímetros cuadrados con la leyenda: “PROHIBIDA EL INGRESO, PERMANENCIA, APUESTA, VENTA O LA ENTREGA DE PREMIOS A MENORES DE DIECIOCHO (18) AÑOS”. En los fundamentos de su iniciativa, Bussi y Verón Guerra apuntaron de manera crítica que “la sola existencia de una prohibición legal resulta insuficiente si quienes concurren a los establecimientos o acceden a plataformas digitales no cuentan con advertencias visibles que les permitan conocer, de manera inmediata e inequívoca, las limitaciones establecidas por la ley”.

En sintonía con las intervenciones en el ámbito civil, la legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) promovió la creación del "Plan Provincial de Prevención de la Ludopatía y la Ludopatía Online", destinado a aplicarse en escuelas públicas y privadas, así como en clubes y federaciones deportivas de la provincia. El proyecto define niveles de intervención específicos —uso, uso problemático y adicción—

y establece de manera taxativa la prohibición absoluta de publicidad de apuestas en camisetas deportivas. El artículo 9° de su proyecto decreta: “Queda prohibida en todo el territorio de la Provincia de Tucumán la publicidad, promoción, patrocinio o auspicio de sitios, plataformas, aplicaciones o empresas de apuestas y juegos de azar, legalmente autorizadas o no, presenciales o en línea, en la indumentaria oficial de los clubes deportivos profesionales y amateurs”.

En la exposición de motivos de este plan de prevención, Nievas analizó la desprotección a la que se ven sometidos los menores debido a los cambios tecnológicos, señalando de forma crítica que “lo que anteriormente requería la concurrencia física a establecimientos específicos hoy puede realizarse de manera inmediata, permanente y desde cualquier dispositivo móvil, circunstancia que ha incrementado significativamente la exposición de niños, niñas y adolescentes a este tipo de prácticas”. La parlamentaria fundamentó la necesidad de desvincular el deporte del negocio de las apuestas al expresar que “la presencia de publicidad, patrocinio o auspicio de plataformas de apuestas en la indumentaria deportiva genera una exposición constante a mensajes comerciales vinculados al juego, contribuyendo a naturalizar una actividad que puede generar graves consecuencias para la salud y el bienestar de las personas”. La iniciativa persigue el objetivo de establecer límites de promoción para resguardar la salud integral antes de que la adicción digital se consolide en las nuevas generaciones de tucumanos.