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El ministro de relaciones exteriores Bruno Rodríguez utilizó sus plataformas digitales para cuestionar el accionar del secretario de estado norteamericano Marco Rubio tras la aplicación de una serie de castigos económicos orientados a afectar de forma deliberada el sistema financiero del territorio caribeño.
Según las declaraciones del funcionario diplomático, esta política restrictiva intenta bloquear la capacidad gubernamental para garantizar prestaciones esenciales a los ciudadanos frente a un contexto crítico, afectando principalmente el ingreso de contenedores con alimentos y medicamentos que suelen adquirir las pequeñas y medianas empresas privadas radicadas en Cuba.
Las quejas internacionales surgieron luego de que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos penalizaran a las autoridades del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, también identificado con las siglas ICAP, afectando directamente al director Fernando González Llort, a la vicepresidenta primera Noemí Rabaza Fernández y a la encargada de la región norteamericana Leima Martínez Freire.
La nómina de áreas alcanzadas por las restricciones incluye al Ministerio de la Construcción y a nueve firmas estatales vinculadas al comercio y la minería como la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, Metalcuba, Geominsal, Acinox Comercial, Coratur, Transimport, Consumimport y Acorec S.A. en el marco de un recrudecimiento del bloqueo impulsado por la administración de Donald Trump desde inicios del año 2026.