La influencer Valentina Olguín, oriunda de Santiago del Estero, atraviesa un complejo proceso judicial tras ser acusada de utilizar los datos fiscales de cinco gobernadores para realizar compras en el exterior, y sortear los límites que impone la Aduana argentina. En este contexto, sumó a su defensa al reconocido abogado Fernando Burlando, quien trabajará junto a la letrada santiagueña Claudia Paz. La causa, radicada en el juzgado federal de Tucumán a cargo de José Manuel Díaz Vélez, cuenta con la intervención del fiscal federal Agustín Chit.
El caso tomó notoriedad en noviembre de 2024, cuando el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunció haber recibido un correo con la confirmación de una compra que nunca había realizado. Luego se conoció que también se habrían utilizado los CUIT de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). Según la investigación, Olguín habría superado el tope de USD 3.000 anuales permitido para compras en modalidad courier, por lo que recurrió a identidades ajenas para continuar importando prendas de la marca estadounidense Revolve. En su domicilio de Núñez, Buenos Aires, se incautaron dispositivos electrónicos, dinero, documentos y ropa durante un allanamiento.
Procesada en mayo y con un embargo por $5 millones, la influencer permanece en libertad y explora alternativas para evitar el juicio. Según trascendió, su defensa evalúa la posibilidad de unificar todas las causas en una sola jurisdicción, preferentemente Buenos Aires, y ya propuso una “probation”, que incluiría un pedido público de disculpas y hasta la realización de un show gratuito. Sin embargo, cada distrito tiene autonomía y no está garantizado que los fiscales adopten el mismo criterio. Mientras tanto, Olguín continúa en el centro de la escena, ahora con una figura mediática como Burlando al frente de su estrategia legal.