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El Gobierno de Tucumán detectó aproximadamente una docena de viviendas emplazadas en un sector inhabilitado para la construcción en el perilago de El Cadillal, algunas de ellas próximas al espejo de agua, durante un operativo destinado a delimitar la zona de ribera y proteger terrenos pertenecientes al dominio público.
El relevamiento se concentró especialmente en el sector del Camping La Chepa, donde intervinieron representantes de Fiscalía de Estado y de distintas áreas provinciales. A partir de lo constatado, los equipos técnicos avanzaron en la determinación precisa de la línea de ribera para establecer los límites del espacio que forma parte del dominio público.
Según informó la Provincia, para esa tarea deberán contemplarse las modificaciones registradas en la cota máxima del lago a partir de las obras realizadas en la Presa 3.
Desde el Gobierno advirtieron que la situación no sólo involucra una cuestión patrimonial y de ordenamiento territorial. La existencia de construcciones en sectores próximos al espejo de agua podría implicar también un riesgo para sus ocupantes ante eventuales crecidas del embalse.
“Encontramos aproximadamente una docena de viviendas en un sector donde no está habilitada la construcción. Nuestra responsabilidad como Estado es actuar: proteger el patrimonio público, preservar el ambiente y, fundamentalmente, prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a las personas”, señaló el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano.

Buscan precisar los límites de la zona de ribera
Uno de los objetivos centrales del operativo fue avanzar en la delimitación de la zona de ribera en el perilago. De acuerdo con lo señalado oficialmente, esos terrenos integran el dominio público conforme al artículo 235 del Código Civil y Comercial de la Nación, independientemente de la titularidad de los padrones alcanzados.
La determinación de esos límites permitirá precisar la situación de las construcciones relevadas y establecer qué sectores se encuentran alcanzados por las restricciones correspondientes.
Ferrazzano vinculó el procedimiento con una decisión de la administración de Osvaldo Jaldo de reforzar los controles sobre bienes provinciales y anticiparse a potenciales situaciones de riesgo. “La decisión del gobernador Jaldo es clara: cuidar lo que pertenece a todos los tucumanos y anticiparnos a los problemas. Un Estado eficiente no puede esperar a que ocurra una emergencia para intervenir; tiene que prevenir”, sostuvo.
El operativo fue encabezado por Ferrazzano junto al subsecretario de Desarrollo Productivo, Martín Lazarte; el director de la Unidad Ejecutora de Protección del Patrimonio, Hugo Vitale; el subdirector de Catastro, Ariel Llabra; el director de Flora y Fauna, Juan Carlos Parajón; y Jorgelina Fontdevila, en representación del Ente Tucumán Turismo. También participaron equipos técnicos de las distintas reparticiones.
La intervención reunió áreas jurídicas, catastrales, ambientales, productivas y turísticas debido a las características del sector y a la necesidad de determinar tanto los límites del dominio público como las condiciones en las que se encuentran las construcciones detectadas.
“El Cadillal es uno de los grandes patrimonios naturales y turísticos de Tucumán. Cuidarlo significa ordenar, prevenir y garantizar que estos espacios que pertenecen a todos puedan ser disfrutados de manera segura y responsable”, concluyó Ferrazzano.