Cuatro policías van a juicio oral acusados de armar un falso operativo y secuestrar a un joven

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán dispuso la elevación a juicio de la causa penal que involucra a cuatro miembros de la fuerza de seguridad provincial pertenecientes a la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital. Los uniformados serán juzgados por el delito de secuestro extorsivo agravado debido a la participación de tres o más personas, por haberse efectivizado el cobro del dinero exigido y por su condición de funcionarios públicos. El expediente fue motorizado por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, bajo la instrucción de Fernando Barrientos y la auxiliar fiscal Julia Vitar.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 23 de febrero de 2024 cuando el oficial principal Ángel Sebastián Gómez, el cabo primero Sergio Daniel Díaz y el agente Franco Javier Jiménez, junto a un civil y bajo las directivas del comisario Gustavo Ezequiel Morales, irrumpieron en un domicilio del barrio cerrado Portal del Parque. Los involucrados engañaron a la víctima de veintiocho años simulando el interés de adquirir veinte gramos de cannabis a través de un grupo de la aplicación Telegram llamado Flores Tucumán, coordinando la supuesta entrega en el complejo habitacional de la capital.

Una vez en el lugar, el joven fue reducido de forma violenta, obligado a subirse a un automóvil Renault Megane de uno de los efectivos y trasladado hasta la sede policial, donde sufrió agresiones físicas y psicológicas mientras lo fotografiaban desnudo. En paralelo, parte de la banda y el civil regresaron al country para contactar a un hermano del damnificado, obteniendo el teléfono de la madre. Mediante llamadas extorsivas, los captores amenazaron con armarle una causa por narcotráfico si la familia no abonaba una suma de dinero a cambio de dejarlo en libertad.

La madre de la víctima fue citada en horas de la madrugada del 24 de febrero a la propia dependencia de la Jefatura de Zona III, lugar donde pudo constatar que su hijo permanecía retenido ilegalmente y conversó de manera directa con los sospechosos. La mujer entregó la cifra pactada de doscientos cuarenta mil pesos y logró retirarse del edificio junto al joven, quien horas más tarde radicó la denuncia judicial. Para la fiscalía, los procesados actuaron con roles distribuidos para obtener un rédito económico ilegal bajo la apariencia de un procedimiento oficial.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)